El PP afirma que el Principado "desoyó" las advertencias sobre las "prácticas mafiosas" en la mina de Cerredo, tras las revelaciones del herido de 2022

El testimonio del trabajador de la mina de Cerredo que sobrevivió a un accidente en 2022, publicado por LA NUEVA ESPAÑA, llegó este jueves a la Junta General del Principado con una pregunta formulada por el Partido Popular. El diputado del PP Rafael Alonso pidió explicaciones al Gobierno regional por la gestión realizada tras el siniestro de hace tres años y acerca de la información que el propio herido trasladó entonces a la dirección general de Minas.

El consejero de Industria, Borja Sánchez, comenzó trasladando su “respeto y solidaridad” a Enrique Ramón Martínez, quien relataba cómo desde mayo de 2022 y sin permisos de la administración la empresa Combayl comenzó a extraer carbón ilegalmente en el sexto piso de la mina de Cerredo.

Sánchez respondió que, tras el accidente de 2022 (en el que falleció un trabajador y otro sufrió la amputación de una pierna), la Administración incoó dos expedientes sancionadores a la empresa Combayl, entonces titular de la actividad, uno por incumplimientos de la normativa de seguridad minera, y otro por realizar trabajos no autorizados de explotación en el interior del sexto piso del Grupo Cerredo.

Según explicó, el Servicio de Minas tomó declaración al propio Enrique Ramón y a otros testigos, y toda la documentación se ha remitido a la Comisión de Investigación parlamentaria. Uno de los expedientes culminó con una sanción de 20.000 euros, mientras que el relativo a seguridad laboral está actualmente suspendido debido al procedimiento judicial que continúa abierto en el Juzgado de Cangas del Narcea.

Sánchez pidió “prudencia” al encontrarse el caso bajo secreto de sumario y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de colaborar “en todo lo necesario” para esclarecer las causas de la explosión mortal de 2025.

Las explicaciones no convencieron al PP, que acusó al Gobierno de “mirar para otro lado” sobre una explotación minera que debía haber estado sometida a exhaustiva vigilancia desde el accidente de 2022 y en la que la empresa operaba con "prácticas mafiosas". Según los populares, eso habría evitado el accidente de marzo de este año en el que fallecieron cinco mineros cuando extraían nuevamente carbón sin permiso, esta vez en el tercer piso.

Alonso consideró insuficientes las explicaciones del consejero, aunque reconoció que asumió la responsabilidad de la consejería de Industria después del accidente de este año. Reclamó explicaciones del presidente Adrián Barbón, “que presume de ADN minero y de que cumple sus compromisos ‘de sangre’”, una expresión que consideró desafortunada en un asunto que acumula seis fallecidos entre los accidentes de 2022 y 2025. “Va siendo hora de que cumpla esos compromisos”, espetó.

El portavoz popular insistió en que el Ejecutivo debe aclarar “qué hizo o qué no hizo para evitar el accidente de 2025". “No tomen el pelo a los asturianos, ni, sobre todo, a las familias de los fallecidos”, reclamó, subrayando que “todo el mundo sabía que se estaba extrayendo carbón ilegalmente en Cerredo”. Y añadió: “Todo el mundo lo sabía, menos la directora general de Minas, Belarmina Díaz; menos el que fue consejero de Industria, Enrique Fernández; o su antecesora Nieves Roqueñí”.

Para Alonso, el Gobierno “mantiene un engaño para salvarse políticamente con seis muertos en la misma explotación”. Según dijo, las actuaciones posteriores al accidente de 2022 hicieron pensar que la empresa disponía de “información privilegiada desde Industria”, y acusó al Principado de permitir que, pese a los antecedentes, la explotación “cometiera de nuevo una ilegalidad que terminó costando la vida a cinco personas”. En ese sentido, criticó que, “tras la primera tragedia”, Barbón ascendiese en el Gobierno a los responsables políticos implicados, en referencia a Enrique Fernández (hoy presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (en la actualidad presidenta del Puerto de Gijón).

El diputado aseguró que la Administración recibió “denuncias de funcionarios, de particulares y de empresas” sobre lo que estaba ocurriendo en la mina, y que, pese a ello, “no se actuó con la contundencia necesaria”. “Lo sabían todos, señorías: sabían lo que pasó en agosto del 22 y aun así premiaron a estos desalmados con autorizaciones exprés”, afirmó ante lo que calificó de “indecencia política”.

Alonso también se refirió a partes del testimonio del herido en 2022, como el pago de horas extra en billetes de 50 euros o el mensaje atribuido a un sindicalista que habría sugerido “arreglar por detrás” el accidente de 2022. “Ante prácticas mafiosas, la actuación del Gobierno fue mirar hacia otro lado”, denunció. Y preguntó directamente al consejero si nadie del sindicato SOMA-FITAG-UGT trasladó al Ejecutivo lo que estaba ocurriendo. “El entonces consejero Enrique Fernández tiene relación con ese sindicato. ¿Nadie le informó? La misma organización está en la Comisión de Seguridad Minera. ¿Tampoco allí se comentó nada?”, añadió.

El sindicato SOMA comunicó tras esas declaraciones del herido que abriría una investigación interna para activar un expediente de expulsión sobre el responsable de esas manifestaciones en un mensaje de voz enviado al entorno del herido.

 “Solo la pérdida de vidas y el coraje del herido grave han permitido que este asunto salga a la luz. Demasiado caro. Y lo peor es que podría haberse evitado, porque todos lo sabían”, apuntó Alonso.

En su turno final, el consejero Borja Sánchez reiteró las actuaciones del Ejecutivo y resaltó la existencia de un secreto de sumario. Defendió la gestión administrativa del primer accidente porque el Principado siguió los procedimientos establecidos, investigó los hechos de 2022 y sancionó a la empresa.

“Soy consciente de la gravedad del accidente, pero no puedo ir más allá de reiterar mi compromiso de colaboración con el esclarecimiento de las causas del accidente en el que cayeron cinco mineros, para que eso no vuelva a ocurrir en nuestra comunidad autónoma”, concluyó Borja Sánchez.

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