La promotora de la mina de oro de Salave busca reforzar su compromiso con Asturias con un cambio de nombre

La compañía australiana Black Dragon Gold Corporation ha anunciado su cambio de denominación a EMC Gold Corporation (ASX: EM3), una decisión con la que busca reforzar su identificación con su filial asturiana, Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), promotora del proyecto aurífero de Salave, en Tapia de Casariego.

El anuncio llega en un momento de fuerte respaldo inversor, según la promotora, pero también en un contexto de oposición social explícita, encabezada por la plataforma Oro No, que rechaza la iniciativa minera.

Según la empresa, el cambio de nombre responde al creciente peso del capital asturiano en su accionariado, que ya roza "el 30%, y pretende evidenciar su compromiso con el territorio".

En los dos últimos años, la entrada de inversores españoles, especialmente empresarios de la comunidad, ha reforzado la estructura financiera del grupo.

"El cambio no es solo estético, sino una muestra del arraigo que sentimos por Asturias", afirma el director general de EMC, José Manuel Domínguez, quien defendió que el proyecto "no es ajeno al territorio, sino que tiene ADN asturiano".

Contexto favorable

La compañía subraya que el anuncio coincide con un contexto internacional favorable para el oro, cuya cotización supera los 4.200 dólares la onza. Este escenario eleva la valoración estimada del yacimiento de Salave a una horquilla de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares, consolidándolo, según la empresa, "como un activo estratégico con capacidad para actuar como motor económico del Occidente asturiano".

En este sentido, EMC Gold sostiene en un comunicado que el proyecto podría contribuir a frenar la despoblación en una comarca especialmente castigada por el envejecimiento demográfico.

Tapia de Casariego, según sus datos, ha perdido cerca del nueve por ciento de su población, dice, en la última década y el número de cotizantes se ha reducido hasta poco más de 1.200. La empresa prevé la creación de entre 150 y 200 empleos directos y hasta un millar de indirectos, además de una inversión inicial superior a los 100 millones de euros.

Fuerte contestación social

No obstante, estas previsiones económicas conviven con una fuerte contestación social. La plataforma Oro No, junto a colectivos ecologistas, no ha cesado su actividad, centrada en informar de los contratiempos de semejante industria para un concejo como Tapia.

Esta agrupación mantiene su rechazo frontal al proyecto, al que acusa de suponer "un riesgo ambiental y de hipotecar el futuro del litoral occidental". Desde este movimiento se insiste en que la minería, incluso en su modalidad subterránea, "es incompatible con un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, el turismo y el sector primario".

La empresa, por su parte, defiende desde que presentó su proyecto que el diseño del proyecto es plenamente compatible con el entorno y con el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), y recuerda una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que avala la minería subterránea frente a la prohibición de la minería a cielo abierto. Asegura además haber completado los estudios técnicos que confirman la viabilidad del proyecto y su adecuación a la normativa vigente.