La sentencia que enfada en Belmonte de Miranda por costar 280,90 euros al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Belmonte de Miranda ha dado a conocer una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Oviedo que desestima íntegramente el recurso presentado por la concejala del PP María del Carmen Martínez Rubio contra la actuación municipal en materia de acceso a la información.

El procedimiento judicial se originó a raíz de una solicitud presentada por la edil el 14 de agosto del pasado año en la que la edil de la oposición reclamaba información relativa a la cuenta contable 413 y a gastos y operaciones pendientes de aplicación a presupuesto correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024. La petición fue reiterada el 15 de septiembre del mismo año sin cambios sustanciales en su contenido.

Con anterioridad, la concejala había planteado esta cuestión durante el pleno municipal celebrado el 15 de enero de 2026, aunque desde el Consistorio le recordó entonces que las solicitudes de información deben seguir el cauce administrativo establecido.

Según explica el alcalde, Gilberto Alonso, el Ayuntamiento respondió de forma mediante una resolución advirtiendo de las dificultades materiales para atender una petición de carácter genérico que afectaba a miles de operaciones contables. "En todo momento se ofreció la posibilidad de facilitar la información de forma parcial y progresiva", señala el regidor.

Misma solicitud

Pese a esta respuesta, la concejala del PP, añade el relato del alcalde, volvió a reiterar la misma solicitud mediante nuevos escritos presentados los días 25 de septiembre y 27 de octubre de 2025, sin introducir mayor concreción. Finalmente, fue este último escrito el que dio lugar al recurso contencioso-administrativo, al entender la recurrente que se había producido una desestimación.

La sentencia ahora conocida respalda la actuación del Ayuntamiento, al considerar que se ajustó a la legalidad vigente, descartar la existencia de vulneración de derechos fundamentales y avalar el proceder de la corporación municipal en la tramitación de la solicitud.

Desde la Alcaldía se subraya que el proceso judicial ha tenido también un coste económico para el municipio. En concreto, los gastos derivados de la defensa jurídica, entre ellos los honorarios del procurador, han ascendido a 280,90 euros, cantidad sufragada con fondos públicos. "Respetamos plenamente el derecho de cualquier cargo público a acudir a los tribunales y las resoluciones judiciales, pero también creemos necesario apelar a la responsabilidad política cuando estas actuaciones generan un gasto que acaba pagando el conjunto de los vecinos", dice.

El regidor plantea, en este sentido, "la conveniencia de reflexionar sobre si este tipo de iniciativas judiciales", una vez desestimadas por los tribunales, deben seguir traduciéndose en costes para las arcas municipales, en detrimento de otras necesidades del concejo.