El sindicato CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Belmonte incumple la Ley de registro de jornada, lo que influyó en la reclamación de las horas extra por parte del socorrista
Los representantes sindicales aseguran que carecer de registro horario supuso “una situación de vulnerabilidad” para el trabajador demandante y le imposibilitó poder acreditar el exceso de jornada

Imagen de la piscina belmontina. / R. T. C.
El sindicato CSIF, en representación del socorrista de la piscina municipal de Belmonte de Miranda que tuvo que recurrir a la justicia para reclamar el cobro de horas extras, acusa al Ayuntamiento de a pesar de ser consciente de que “su reclamación era procedente no le pagó sus devengos, forzándolo a acudir a la vía judicial”.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) se estima “parcialmente” la demanda formulada por el trabajador al reconocerle que el Ayuntamiento le adeuda una cantidad de 958,25 euros, ya reconocido por el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo. Una primera sentencia que el trabajador decidió recurrir ante el TSJA, ya que su reclamación ascendía a 3.534 euros, junto con el 10% correspondiente al interés de mora.
El sindicato CSIF lamenta que el trabajador no haya visto aceptada toda su reclamación y apunta a que una de las razones de que no haya podido ser así es porque “el Ayuntamiento no tiene registro horario”.
“El Ayuntamiento incumple la Ley de registro de jornada de los trabajadores”, denuncia el sindicato, que considera que en este caso supuso “una situación de vulnerabilidad e imposibilitó al reclamante el poder acreditar el exceso de jornada, perdiendo el segundo juicio por esta causa”.
El CSIF recuerda que “este incumplimiento bajo la dirección del gestor municipal, es una actuación sancionable desde el punto de vista administrativo” y señalan que, en este caso, siendo alcalde por el PSOE le solicitan que acate “las normas que aprueba su gobierno para proteger a los trabajadores”.
Además, el sindicato denuncia que el Regidor belmontino, Gilberto Alonso, vulneró las garantías previstas en la Ley de Protección de Datos al hacer público el caso a través de los medios de comunicación, declaraciones por las que le acusan de facilitar la identificación del reclamante “ante el pueblo” y de haber contado “verdades a medias”.
Por ello, el sindicato finaliza su denuncia pública indicando al Alcalde, que “en lugar de vanagloriarse por no abonar lo que debe al trabajador, debería echar cuentas de lo que cuesta el servicio jurídico privado pagado por los vecinos de Belmonte con sus impuestos, y revisar su conciencia como socialista”.
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