13 de junio de 2007
13.06.2007

Transparencia y corrupción

13.06.2007 | 02:00
Transparencia y corrupción

Cree usted que su alcalde es un corrupto? ¿Le preocupa? Los ciudadanos españoles reconocen que existe bastante corrupción, aunque les inquieta poco en comparación con otros problemas. ¿Cómo es posible? La respuesta es sencilla: consideran que la corrupción afecta poco a su vida personal y familiar y, aunque piensen que perturba bastante al entorno de los negocios y la vida política, no observan datos preocupantes en el panorama nacional de ambas facetas.


Esta es una de las conclusiones del «Informe Global sobre la Corrupción 2007», presentado la semana pasada, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset de Madrid. Este acreditado estudio ha sido elaborado por el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, para la organización Transparencia Internacional. Todos los años, esta ONG expresa su visión sobre la corrupción, tanto desde un punto de vista mundial como en un conjunto significativo de países y temas.

La actual edición cuenta con una referencia especial a la corrupción en los sistemas judiciales. En 2006 analizó el sector de la salud y en 2005, la construcción. No es un trabajo más. Su contenido es encargado en todo el mundo a reputados profesionales y sus conclusiones son analizadas en congresos, doctorados y todo tipo de manuales.

Su producto estrella es el «Índice de percepción de la corrupción», que se elabora para cada Estado a partir de las respuestas de empresarios y analistas. Una nota que, como en el aula, oscila entre el cero (máxima corrupción) y el diez (máxima transparencia). España no llega al notable: en la lista de 178 países ocupa la posición 28, con una puntuación de 6,8. Desde el año 2000 su puntuación era 7.


Sin duda, este empeoramiento se debe a los escándalos de corrupción urbanística que se han destapado durante los últimos meses. Esto nos lleva a otro aspecto preocupante, tal vez relacionado. Dos de cada tres encuestados estiman que los partidos políticos son bastante o extremadamente corruptos, mientras que la mitad piensa lo mismo de las empresas. El resto de estamentos, incluidos los medios de comunicación, Hacienda, la educación, la salud, la Policía y el Ejército, obtienen porcentajes mucho mejores.


Sin embargo, España es uno de los tres países de Europa donde los ciudadanos dan una puntuación más alta a un Gobierno nacional en sus actividades de lucha contra la corrupción. Para Villoria «el Gobierno ha reaccionado y ello ha tenido su impacto. No obstante, todavía cerca del 60% están insatisfechos con la respuesta gubernamental. En suma, hay que seguir trabajando».


¿Corrupción judicial?

Con los datos en la mano, en España no existe corrupción judicial. Esto siempre es una buena noticia, aunque no permita titulares de prensa. Hay garantías suficientes: la inamovilidad y los sistemas selectivos de mérito, la protección constitucional y legal de la independencia e imparcialidad o el riguroso sistema de incompatibilidades y de prevención de los conflictos de interés.

Desaparecidas, gracias a los programas informáticos, las «astillas» para retrasar o agilizar trámites, pasan por muy excepcionales los casos de voluntaria pérdida de la imparcialidad judicial a cambio de un soborno. Sin embargo, el informe apunta cierta condescendencia de los propios jueces hacia sus compañeros, cuando se trata de juzgarlos y sancionarlos.


Mención aparte merecen al informe los supuestos de influencia política sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya composición puede facilitar la presión de quienes les nombraron, para que actúen con criterios partidistas en los asuntos disciplinarios, de nombramientos, ascensos y traslados. En España no puede decirse que se consiga menoscabar la independencia de los jueces, pues «la aceptación de las presiones partidistas, si existen, son voluntarias y no fruto de un temor por el puesto», dice Villoria.

Las recomendaciones que propone para mejorar el sistema judicial son valientes y lúcidas. Primero, adoptar políticas de calidad, con sus correspondientes cartas de servicios, oficinas de quejas, acreditaciones o índices, buscando un justo y objetivo sistema de evaluación del rendimiento que permita discriminar en los ascensos y en las retribuciones. También, potenciar los medios del servicio de inspección y otorgarle la máxima independencia. Por último, despolitizar el CGPJ y reforzar la figura del amparo ante él, cuando un juez se sienta presionado políticamente.

Ciertamente los escándalos de raíz judicial son debidos más al estrellato personal de ciertos jueces que a su censura moral. Aunque la última década ofrece casos de indignidad, como el del juez Estevill, que mereció condena penal y separación de la carrera judicial; también hay muchos de ejemplar honorabilidad, como el caso de Marino Barbero, que al no recibir el amparo del órgano de gobierno judicial frente a los graves ataques recibidos renunció generosamente a su condición de magistrado del Tribunal Supremo.

Antonio Arias Rodríguez es síndico de cuentas del Principado de Asturias.

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