31 de agosto de 2007
31.08.2007

Nuestra veterana administración

31.08.2007 | 10:55
Nuestra veterana administración

Como no envejecen, Mortadelo y Filemón siguen siendo los funcionarios más conocidos y veteranos de nuestro país. Dentro de unos meses, coincidiendo con el estreno de su segunda película, cumplirán cincuenta años de servicio, realizando una tarea eficaz, si bien poco eficiente.

En medio siglo de trabajo, estos apreciados agentes han presenciado los grandes cambios sucedidos en la organización administrativa. Siempre han trabajado en equipo, sometidos a la ira del jefe, a las innovaciones (del profesor Bacterio) y a su menguado sueldo, que sólo permite vivir en una pensión (El Calvario). Todo muy real. Están cerca de la jubilación, aunque, como reconocía su autor Ibáñez en una cariñosa entrevista de La Nueva España: «Alguien tendrá que continuarlos». Parece que tampoco se quieren retirar.

En España, de acuerdo con los datos del Ministerio de Administraciones Públicas, trabajan 2,5 millones de funcionarios y contratados laborales de las diversas administraciones, la mitad de ellos al servicio de las comunidades autónomas. El Instituto Nacional de Estadística añade medio millón más en las empresas públicas ¿Cuál es la edad de nuestros funcionarios?

En los últimos años se ha incrementado la edad media de los empleados públicos. Actualmente, el 39% de los trabajadores de la Administración del Estado tiene más de 50 años, mientras que en 2004 ese porcentaje era del 34%. Este notable envejecimiento es consecuencia, por un lado, del retraso en la edad legal de jubilación y, por otro, de la gran entrada de funcionarios verificada durante la construcción en los años ochenta del Estado de bienestar. La década de los noventa finalizó hablando de los planes de empleo público, una herramienta para la reconversión que no se llegó a utilizar.

Muchas grandes corporaciones públicas (RTVE) y privadas han incentivado la contratación de trabajadores jóvenes y las prejubilaciones alrededor de los 60 años. Incluso en sectores en expansión como la banca, la reconversión ha sido tremenda. Las nuevas tecnologías ofimáticas han reducido las necesidades de personal. El simple hecho de que las notificaciones o la presentación de escritos pueda hacerse por vía electrónica, o que las cartas de servicios estén disponibles en internet, facilita y disminuye drásticamente las tareas; además, se ha roto la división clásica de funciones entre directivos y administrativos, asumiendo aquéllos, mediante ordenador, labores propias de éstos: redactan directamente sus escritos, localizan documentos, etcétera.

El reciente estatuto básico del empleado público incorpora una novedad histórica, al rebajar hasta los 16 años la edad de acceso a la condición de funcionario, en coherencia con la edad laboral. Por el contrario, en su disposición adicional sexta, obliga al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados un estudio sobre la conveniencia de acceder a la jubilación anticipada para determinados colectivos de funcionarios, debiendo formular recomendaciones y «asegurar la no discriminación» entre aquellos con características similares.

En el caso de la enseñanza, por ejemplo la Primaria, un 30% de los maestros en activo tiene más de 50 años, lo que quiere decir que se va a producir una masiva jubilación durante la próxima década. En la Universidad, la Conferencia de rectores ha advertido que si no se planifica el relevo generacional de los profesores funcionarios, en unos años se producirá un vacío enorme.

Por ello, la nueva ley Orgánica de Universidades ha abierto una puerta a la reducción paulatina de la actividad docente y a la jubilación a partir de los 60 años, si bien las condiciones para autorizarlo se definirán en el futuro estatuto del personal docente e investigador, previo acuerdo entre las comunidades autónomas y las universidades.

La realidad europea parece ir por otro camino. El Gobierno alemán, formado por la coalición entre democristianos y socialdemócratas, elevará a partir de 2012 la edad de jubilación de todos los trabajadores hasta los 67 años, frente a los 65 años actuales. Pero estas disposiciones no deberían obviar la cuestión de si esa prórroga debe ser automática o conciliar adecuadamente los derechos individuales de los asalariados con los intereses colectivos de los usuarios.

En definitiva, dos tendencias contrapuestas: una, favoreciendo la jubilación anticipada, pensando en la calidad de determinados servicios o en reestructurar sectores estratégicos; y otra, promoviendo su retraso, pensando en las cuentas de la Seguridad Social. En el sector público, el escenario se complica porque algunos ciudadanos creen que debe vincularse toda prejubilación a la reducción de plantilla. La cuestión es: ¿sobran funcionarios? Según las estadísticas citadas, parece que no; y menos en Asturias, que tiene una baja proporción relativa (Extremadura ostenta la mayor).

En España, desde el año 1997 al 2002, las leyes de Presupuestos introdujeron austeras restricciones en las ofertas de empleo de todo el sector público, fijando a las nuevas incorporaciones un límite general del 25% de la tasa de reposición de efectivos. Es decir, cada Administración sólo sustituiría una de cada cuatro jubilaciones. Desde el año 2003, la limitación fue elevada al 100%, fruto del acuerdo Gobierno-sindicatos, y así continúa hoy. Con todo, la cifra de empleados públicos no ha parado de crecer en la última década, al ritmo del 1% anual.

En Francia, el secretario de Estado de Función Pública declaraba a mediados de agosto, como si de un anuncio de cerveza se tratase, que su país poseía «probablemente la mejor Administración del mundo». Sin embargo, juzgaba «anormal» emplear al 24% de la población activa (el doble que en España) y, además, consideraba a sus funcionarios muy bien pagados. Lo bueno, si es francés, cuesta más caro.

Meses antes, durante la campaña electoral francesa, Sarkozy había anunciado que sanearía las cuentas del Estado reduciendo la cifra de empleados públicos. Por ello prometió no reemplazar a la mitad de los 450.000 funcionarios que se jubilan antes del año 2012. Cien días después de acceder al Elíseo, sorprende que ésta sea la única decisión presidencial que no aprueban las encuestas ciudadanas. Ahora, durante la elaboración de su primer presupuesto, han aparecido las primeras excepciones al límite: educación, investigación y justicia (prisiones) que son «prioridad nacional». Al final, se amortizará uno de cada tres puestos jubilados y la mitad del ahorro se dedicará a incentivar las plantillas. El parto de los montes.

Antonio Arias Rodríguez es síndico de Cuentas del Principado de Asturias.

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