En el caso de los guardias civiles que se manifestaron uniformados exigiendo, entre otras cosas, la desmilitarización de la Benemérita laten varios problemas. El primero es el que se aprecia a simple vista: el rechazo por parte de los asistentes al duro régimen disciplinario que rige el cuerpo. Luego está lo parco de los salarios, cualquier otro funcionario de Policía -desde los municipales a los ertzainas y no digamos los Mossos d$27Esquadra- cobra más que un guardia civil. Bien mirado resulta inexplicable, pero es así. Éste es un asunto que tiene fácil arreglo: si el Estado, como proclama el Gobierno, está en época de vacas gordas, sería cuestión de aprovechar la coyuntura y subir el sueldo a quienes con su trabajo y esfuerzo están llamados a garantizar el clima de tranquilidad que, en última instancia, nos permite a todos trabajar y vivir.

Hay un tercer problema cuya solución es más compleja. Me refiero a la «desmilitarización» efectiva. La Guardia Civil es un instituto armado con un siglo largo de experiencia. La esencia de su probada eficacia quizá radique en su condición militar, en el hecho de ser un cuerpo jerarquizado sometido a una disciplina que garantiza en todo momento su disponibilidad y eficiencia. La manifestación en la plaza Mayor de Madrid -con guardias uniformados portando pancartas reivindicativas-, por insólita, sentó un precedente inquietante. Un guardia civil tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a tener ideas políticas, pero dada su condición de funcionario y agente de la autoridad portador de armas, parece lógico que tenga vedado el encomio o el repudio de opciones políticas concretas. Qué decir si se hace mediante una manifestación que es ilegal (por asistir uniformados) y los asistentes corean lemas que, en algún caso, resultaban injuriosos para el presidente del Gobierno. Para las actuaciones de la Guardia Civil en el extranjero -el caso de las misiones de paz llevadas a cabo de Centroamérica o en los Balcanes- resulta especialmente idóneo el carácter militar del cuerpo.

El PSOE acudió a las elecciones con un par de promesas relativas al cambio del régimen disciplinario. Puede que fueran interpretadas por algunos como el primer paso hacia una «desmilitarización» que, hoy por hoy, tengo para mí que no está en el horizonte ni de Zapatero, ni de Rubalcaba ni de Alonso. Lo que sí parece estar en la agenda de Joan Mesquida, el director general, es culminar los expedientes abiertos a una treintena de los alrededor de tres mil guardias uniformados que se manifestaron en Madrid.

Tengo para mí que la cosa acabará en expulsiones; quien quiera seguir siendo guardia civil tendrá que aceptar algunas de las actuales servidumbres.