o es posible negar que la llamada memoria histórica, sedicente reparadora de agravios de la guerra civil, invocando la reconciliación y la concordia, hurga en las cicatrices de un pasado remoto haciéndolas sangrar. En relación con esto, hay quienes, desde la derecha y la izquierda, nos reprochan a algunos nuestra presencia en una comisión creada por el alcalde de Oviedo para aplicar la ley 52/2007, de 26 de diciembre, que trata de modificar el callejero.

Acepto que para muchos esas presencias puedan ser interpretadas como un rechazable colaboracionismo. Puede ser, pero, aun aceptando esa duda razonable, habría que preguntarse qué será mejor, si quedarse en las críticas de tertulia de café o salir a dar la cara.

Yo escogí este camino, mucho más incómodo. Lo deseable es que, al menos, se nos suponga la intención de dar un testimonio personal, considerando que de algún modo la abstención nos haría cómplices de aquello que en nuestro fuero interno consideramos, si no injusto, por lo menos inconveniente. Hablo por mí, claro está. Si yo estoy disconforme, ¿por qué no me pregunto qué hago para cambiar las cosas?

No es posible ignorar una ley votada en el Parlamento, publicada en el «Boletín» y firmada por el Rey. Guste o no. En entrevistas y artículos, he declarado desde el principio mi propósito de contribuir, en mi modesta medida, a salvar lo salvable, respetar a la gente e intentar el mal menor, dentro de las atribuciones de una comisión que no tiene poderes para quitar o poner, sólo de dar una respuesta no vinculante surgida de un debate de opiniones muy distantes y, en definitiva, de una urna, que hasta hoy ha demostrado la previsible falta de unanimidad. Que el resultado sea asumible por el Ayuntamiento ya es otro cantar.

La última reunión, del día 15, fue válida y de ella se levantó acta, pero las ausencias forzosas, aunque enviaron sus votos, aconsejaron posponer votaciones y votos particulares -uno de ellos mío sobre los nombres de la Revolución del 34- para otra fecha en la que una mayor asistencia permita un debate suficiente sobre lo que aún queda por considerar. El resultado final será comunicado al Alcalde, quien considerará la oportunidad de someterlo al Pleno municipal, así o de otro modo. Y el Pleno, a su vez, acordará lo que estime pertinente.

Son muy dignas de comprensión las alegaciones de los ciudadanos afectados, por los perjuicios del cambio, por el apego a su calle o por el trance más doloroso de que desaparezca de la estimación pública el nombre de un ser querido. No faltan quienes por desconocimiento ven vinculaciones inexistentes, como en la calle Milicias o la plaza de Primo de Rivera.

Más clamoroso es el caso ocurrido estos días en la localidad jiennense de Bailén, donde el Colegio 19 de Julio, fecha de la famosa batalla en la que el general Castaños derrotó al Ejército de Napoleón hace doscientos años, fue requerido por el Sindicato Andaluz de Estudiantes para cambiar el nombre del mismo ¡por franquista!

El director y el Ayuntamiento comunicaron al sindicato su flagrante error, pero éste, lejos de avergonzarse y pedir disculpas, insiste: «Un error inocente está siendo utilizado para desprestigiar una iniciativa de gran calado político, apoyada por José Luis Rodríguez Zapatero, por quienes no quieren aceptar la ley de Memoria Histórica».

Los ímpetus estudiantiles van aún más allá y exigen que en toda Andalucía sea retirado el nombre de los centros que lleven el del Padre Poveda, ¡también por franquista! Como es sabido, San Pedro Poveda, que fue canónigo en Covadonga, realizó una gigantesca labor educativa y social, fundó la Institución Teresiana, se preocupó de los niños pobres de las cuevas de Guadix y de luchar contra el analfabetismo... Pocos días después de empezar la guerra, cuando nadie sabía quién iba a ganar y ni siquiera Franco había tomado el mando, era asesinado por el grave delito de ser sacerdote y hacer el bien a los demás.

Así entienden algunos la recuperación de la Memoria Histórica. La actualidad nos sorprende cada día con una nueva estupidez.