Circulan los datos de la Confederación Nacional de la Construcción que concretan la magnitud de la crisis inmobiliaria. Primero, las promotoras de vivienda tendrán que pasar por año y medio de inactividad, o de muy baja actividad hasta que vendan todo el stock nacional de viviendas, unas 650.000, como mínimo, que se han ido acumulando a medida que la adversidad económica avanzaba. El cálculo del año y medio de parón se basa en la estimación optimista de los 450.000 nuevos hogares que se crean al año, es decir, parejas que compran piso, jóvenes que se independizan, etcétera. Decimos que el cálculo es optimista porque una cosa es el deseo ferviente de crear un hogar, y otra, que el banco esté de acuerdo. Segundo dato: durante el último trimestre de este año y el primero del que viene, la construcción residencial entrará en agujero negro -ahora es gris, como los agujeros del cosmólogo Hawkins-. Y por cada 100.000 viviendas que no se inicien padecerán el desempleo unos 200.000 trabajadores. La contribución de este sector al paro nacional durante el agujero negro podría alcanzar unos 700.000 desempleados.

Éste es el contexto del acuerdo que acaban de firmar el Ayuntamiento y los promotores de Asprocon. Por un lado, la Empresa Municipal de Vivienda dice tener a 8.000 gijoneses en lista de demandantes de vivienda, si bien es cierto que apuntarse en un folio es algo que no necesita del permiso del banco. Por su parte, Asprocon recomendará a sus asociados que colaboren activamente con la municipalidad y que lleguen a colocar los huevos de sus pisos de protección en la cesta de reparto de la citada empresa.

Por tanto, he aquí el inicio de un matrimonio de conveniencia que, como todo matrimonio, también impone sus dependencias. Que la venta de un piso pase por el Ayuntamiento resta libertades al mercado libre. De la consumación de dicho matrimonio podrá deducirse el tamaño de la amenaza de inactividad y el nivel de incertidumbre de los promotores gijoneses.