Escribo con la tranquilidad de vivir en España, de saber que lo que voy a escribir no me va a acarrear ningún sobresalto. Y es que si lo que voy a escribir lo hiciera en Venezuela me detendrían de inmediato. Como periodista siento la obligación de solidarizarme con los periodistas venezolanos, con todos aquellos que viven bajo la «bota» de Hugo Chávez, que ya no disimula que es lisa y llanamente un dictador.

Hugo Chávez acaba de aprobar la ley de Delitos Mediáticos que le servirá para meter en la cárcel a todo aquel que le critique, o que difunda informaciones que atenten contra la estabilidad del Estado, la salud mental o la salud pública. En realidad Chávez, como todos los dictadores, tiene a la prensa entre ceja y ceja y ya ha cerrado unos cuantos medios de comunicación que han tenido la valentía de criticar sus políticas erráticas y dictatoriales.

Para Chávez todo el que no esté de acuerdo con él está fuera de la ley. Por eso si yo escribiera este artículo viviendo en Venezuela sería acusada de inmediato de estar fuera de la ley, con las consecuencias que se derivarían de ello. Lo que me sorprende es que las voces de la izquierda española estén calladas, que no digan nada o casi nada. Que miren hacia otro lado como si lo de Chávez no fuera un atentado brutal contra algo tan sagrado como es la libertad de expresión, sin la cual no hay democracia.

Hugo Chávez es un dictador que cada día da un paso más en el siniestro camino de acabar con la libertad. Una parte de la prensa independiente venezolana viene jugándosela denunciando los excesos de Hugo Chávez y éste ha decidido colocar a esa prensa fuera de la ley.

Chávez está actuando como los dictadorzuelos patéticos que vienen asolando América Latina y ha optado por matar al mensajero, por acabar con esa prensa que valientemente intenta reflejar la realidad. El problema es que Chávez no soporta confrontarse con esa realidad. ¡Pobre Venezuela! y sobre todo cuánto siento el calvario que les espera a los periodistas independientes de Venezuela.