Jimmy Carter, 39º presidente de los Estados Unidos, demócrata, allá por 1977 creó la «Office of Governement Ethics» (OGE), que alcanzó gran notoriedad en Europa, revelándose como un eficaz instrumento contra la corrupción en la función pública. No es ninguna sorpresa que una de las primeras decisiones de Obama, tan admirado por Zapatero, fuese reforzar las competencias y exigencias de la OGE. A este servicio federal, se deben las iniciativas de control de sueldos y anulación de las prácticas de las «puertas giratorias», que eran el procedimiento de los grupos de presión para conseguir de la administración pública ,decisiones propicias a los intereses particulares.

La severidad de la OGE puede medirse por algunas de las normas, referentes a las informaciones que los cargos políticos y funcionarios, deben hacer llegar todos los años al «registro de ética»: todos los ingresos, incluyendo las percepciones por conferencias, artículos de prensa, etc, y señalando quien es el paga; invitaciones y pago de facturas en hoteles en el caso de que excedan de 250 dólares; regalos con un valor superior a los 100 dólares; compras de inmuebles,valores, objetos artísticos,animales y plantas,con un valor de más de mil dólares; deudas superiores a diez mil dólares indicando el nombre del acreedor; ventas y transacciones superiores a los mil dólares; relación de trabajos anteriores e ingresos, de tal modo que si un abogado, por ejemplo, pasa a ocupar un alto puesto político, está obligado a entregar una relación de sus clientes que le hayan pagado más de cinco mil dólares. (I)

En diciembre de 2005 apareció, por primera vez en España el «Codigo de Buen Gobierno para los altos cargos de la Administración del Estado», que se concretó en la ley 5/2006 y poco después, en 2007, el estatuto básico del empleado público. La intención no puede ser mejor, pero a diferencia de la OGE americana que concreta cifras y situaciones, nuestra legislación opta por recomendaciones altisonantes y se queda corta en las restricciones. En nuestro país hay 9.000 alcaldes, 86.000 concejales, 17 presidentes de autonomías, 1.600 parlamentarios autonómicos, 350 diputados en el Congreso, 300 senadores, 250 parlamentarios en Estrarburgo, 20 ministros, algunos miles de adjuntos, asesores y similares y tres millones de funcionarios de plantilla, de carrera. A todos ellos alcanzan las reglas del buen gobierno, y muy especialmente a los puestos más altos, aunque la corrupción no reconoce niveles jerarquicos. Con las reglas de Obama, en nuestro país no tendrían cabida las «cestas de Navidad», de tanta tradición en las administraciones públicas .

En tiempos de crisis la sensibilidad ciudadana se agudiza y pide ejemplaridad. Hasta en la vieja democracia británica han llamado la atención a sus diputados. Aquí no sobraría un recordatorio a navegantes.

(I). Informaciones de última hora indican un endurecimiento de las reglas.