Hay una lógica expectación por conocer el contenido de los miles de folios que aún quedan sin revelar sobre el «caso Gürtel». El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, parece decidido a levantar el secreto del sumario sobre otros cuantos miles de folios posiblemente el mes que viene, y en buena parte del PP madrileño se contiene la respiración ante las sorpresas que es seguro que el caso aún revelará. Está por ver, por ejemplo, el resultado de las investigaciones efectuadas sobre los países a los que la trama de Correa hizo llegar sus dineros: la respuesta de los quince países a los que fueron enviadas comisiones rogatorias con ese propósito investigador. Se habla de una suma de hasta 40 millones de euros, la que fue desviada mediante esa viejísima táctica de la emigración exterior sin control.

También, desde hace varias semanas que el PP lo anunció, se espera que la dirección nacional del partido haga público, y ponga en vigor, un capítulo de medidas para impedir que se puedan repetir los abusos del «caso Gürtel»: regalos de bienes a cambio de contratos y tratos de favor. No se sabe por qué el partido de Rajoy y Cospedal da tantas vueltas a esos propósitos de poner coto a la clase de abusos que hemos conocido.

Ahora, en ese propósito de evitar esa clase de favores a los mandos del partido, se ha adelantado la Generalitat Valenciana, una de las más afectadas por el famoso caso y por alguno de sus «mafiosos», como el conocido por El Bigotes: el Gobierno de Camps, que ha estado en candelero por razón, sobre todo, de los trajes que el Presidente y varios de sus colaboradores percibieron como «cohecho impropio», quiere extremar el control de los regalos que reciben sus altos cargos. Tal celo, motivado por esos escándalos del «caso Gürtel», ha llevado a que algunos departamentos de la Generalitat hayan expresado estos días prenavideños, con una orden, la prohibición de recibir «bolsos y carteras de marca, jamones ibéricos y bebidas alcohólicas», unas instrucciones que han generado malestar entre algunos funcionarios. No se mencionan, ni falta que hace, los trajes de la marca Milano, bien conocidos por todos, pero sí los bolsos de marca, en clara referencia a los bolsos de Louis Vuitton que admitió que había recibido la alcaldesa Rita Barberá, sin que hasta ahora haya sido encausada por esta razón. Bolsas, se dijo en su día, de hasta 4.000 euros el «ejemplar».

Adviértase el matiz: Los bolsos tienen que ser de marca para quedar excluidos, y los jamones, sólo en el caso de que se trate de «ibéricos». Les ha faltado señalar que también se excluyen los jamones de pezuña negra y de cerdo alimentado con bellotas.

Uno de los efectos colaterales del «caso Gürtel» ha sido la popularización de cierta terminología penal, como, por ejemplo, el término ya mencionado de «cohecho impropio». Otro, que todo político o cargo público que recibe un regalo se convierte automáticamente en objetivo de bromas por parte de sus compañeros, cuando no en reo de sospecha a ojos de sus rivales.

La Administración valenciana teme que los usos y costumbres de la Navidad deterioren -más, si cabe-, la imagen de sus altos cargos, por lo que la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Generalitat ha remitido un correo electrónico a su personal directivo, altos funcionarios y personal externo en el que recuerda la obligación de devolver todos aquellos presentes navideños «que exceden en mucho de lo que razonablemente puede entenderse como un uso habitual, social o de cortesía».