Produce desasosiego abrir las páginas salmón y suplementos económicos de los periódicos. Podrían suponerse tendenciosos, pero la contundencia de los datos, las referencias de opiniones solventes, alejan tal opción. Se impone la preocupación, el convencimiento de que España -no el Estado Español, como escriben algunos cursis que confunden la organización con el titular de la misma- se está hundiendo en la peor crisis imaginable. Desde instituciones internacionales se hacen vaticinios cada vez más dramáticos y continuas rebajas en los índices de solvencia. Krugman, el economista amigo de Zapatero, junto a Trichet y Roubini, gurús de las finanzas de la UE, sostienen que España es una amenaza para la cohesión del euro.

Para agravar el diagnóstico ni Bruselas ni los inversores se creen el plan de estabilidad redactado con prisas, errores incluidos, por el Gobierno. Contestan que es imposible pasar del 11,4 por ciento al 3 por ciento en tres años, confiando en que se produzca una rápida recuperación económica. Tampoco es factible detraer 50.000 millones sin tocar las prestaciones sociales.

Mientras Zapatero, gracias a la oración, descubría la nación española y cristiana en el peculiar desayuno con la «family», el Ibex caía un 6 por ciento y los hasta ahora domesticados sindicatos alzaban la voz anunciando una fuerte contestación.

La ciudadanía se pregunta que se puede hacer para salir del tunel y salvar lo que se pueda, en este «crack» nacional al que le han conducido Zapatero y su equipo.

Seis años en el poder han evidenciado que el país ha estado, y continúa, gobernado por un proyecto político que lo ha llevado al cambio institucional, con tics de régimen, a un Estado desarmado, camino de una confederación con comunidades enfrentadas, independismo creciente, desprestigio de las instituciones tenidas por conservadoras, poder judicial, ejército, iglesia, mercado y erradicación de opciones de derecha o centro.

El PSOE de Zapatero no es el de la socialdemocracia de Felipe Gonzalez que fue determinante para la transición democrática. Hasta la capacidad de sus respectivos equipos ministeriales no resiste la comparación.

En la calle, cuando un profesional, fontanero, médico, o albañil falla por incompetencia, cabe la posibilidad de llevarlo a los tribunales y reclamar daños y perjuicios. Dicen que en política la respuesta está en las urnas, que parece válida en circunstancias normales, lo mismo que el voto de censura, pero cuando la situación es «in extremis», quizás cabría el ejercicio de la acción popular y demandar daños y perjuicios en los tribunales a la «cuadrilla de aficionados», que dice Toxo, el Secretario General de CCOO.