Una de las recetas para reducir el gasto público que Areces dice que ha aplicado el Principado en su política de contención económica es la congelación de los sueldos de los funcionarios y de los altos cargos, entre los que se incluye, supongo yo, el suyo. Con esa peculiar percepción de la austeridad no me extraña que el ajuste les parezca misión imposible a algunas administraciones autonómicas. En circunstancias como las que nos toca vivir y con el imperativo del ahorro impuesto por Bruselas, congelar no significa reducir en la medida que sería necesario hacerlo.

Reducir el gasto público supondría para una administración respetuosa con el contribuyente recortar, por ejemplo, los salarios de los altos cargos. Los políticos tendrían que ser los primeros en predicar con el ejemplo. Los diputados, los consejeros, los directores generales y el propio Presidente. No pasaría absolutamente nada, con sus sueldos elevados podrían arreglárselas perfectamente, mucho mejor que tantos otros ciudadanos que han visto rebajados sus salarios por culpa de la recesión o que ya no los tienen, sencillamente porque han perdido sus empleos.

Decirle esto a un político es exponerse a que lo llamen a uno demagogo. Es el mecanismo de defensa que suelen utilizar estos personajes, que vienen a servirse del erario cuando se mencionan los sueldos a los que son incapaces de renunciar, por mucho que a Areces se le llene la boca de palabras cuando dice que en la vida no hay que hacer siempre las cosas para estar en el poder. Él, precisamente, que lleva más de diez años en el machito y quiere seguir.

Lo mismo que también declaran irrenunciable el gasto social. Habría que saber qué se entiende por gasto social, cuáles son las cantidades dedicadas a las covachuelas del poder arecista, a los amiguetes, al clientelismo y al fondo de reptiles. El que no tiene que ver con la Sanidad y la Educación y se esconde detrás de un falso interés común.