Después de conocerse las reacciones que han suscitado los que podríamos llamar «acuerdos de Zurbano» -ni el PP ni CiU ni IU ni ERC... quieren asumir acuerdos que les parecen insuficientes para combatir la crisis-, el Gobierno se ha visto en la necesidad de reaccionar, y lo ha hecho posponiendo la fecha de su entrada en vigor para dar ocasión a una nueva discusión, debate y corrección probable de tales acuerdos, de manera que el Consejo de Ministros del próximo martes no aprobará el decreto con las medidas anticrisis anunciado por el Gobierno el pasado jueves. La nueva fecha podría ser el próximo 9 de abril. Así lo ha anunciado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a los portavoces parlamentarios para convocarlos nuevamente a partir del lunes, de forma bilateral, y dar una nueva vuelta a las medidas. Este movimiento obedece a la insatisfacción que ha producido el contenido de las medidas en los grupos con los que inicialmente sí vislumbraba un acuerdo. Lo del PP era previsible, pero es que, además, CiU, Coalición Canaria y PNV también se han sentido defraudados al no ver en las medidas el reflejo fundamental de sus demandas. Todos los grupos parlamentarios negociadores en Zurbano remitieron cartas el viernes a la Vicepresidenta para indicarle que no acudirían a ningún acto para sellar un acuerdo oficial, al entender que sería dar demasiada trascendencia a unas medidas que, aunque estimables (porque las van a apoyar), no tienen la categoría de un pacto global. Así lo indicaron Joan Ridao, de ERC; Josu Erkoreka, del PNV, y Rosa Díez, de UPyD.

Pues bien, la respuesta a las sugerencias de los partidos es la invitación de Salgado de convocar el lunes una reunión en el palacio de Zurbano, donde se desarrollaron las negociaciones, para realizar un acto formal. En todo caso, fuentes gubernamentales aseguran que «la foto es lo de menos» y que lo importante es que el real decreto tenga finalmente el mayor acuerdo posible.

Entre las más de 54 medidas acordadas, las primeras que iban a entrar en vigor son el recorte del IVA al tipo reducido para obras de mejora de vivienda, así como para la rehabilitación estructural de edificios. También, a iniciativa de CiU, la ampliación del tipo superreducido del IVA a los servicios de atención a la dependencia, una batería de créditos a las pymes de hasta 200.000 euros en una línea exclusiva del ICO y otras medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.

La llamada «comisión de Zurbano» empezó a trabajar a mediados del mes de febrero con una reunión multilateral a la que acudieron todas las formaciones políticas y a la que sucedieron numerosas reuniones bilaterales y de carácter más técnico en busca de posibles puntos de acuerdo entre los diferentes partidos.

La «troika» ministerial creada por el Gobierno fue aplaudida por muchos partidos, aunque recibió también duras críticas del principal partido de la oposición y de algún otro grupo como el PNV, que llegó incluso a pedir el cierre de Zurbano y la vuelta a las negociaciones en el Congreso. Tras un mes y medio de encuentros y cruce de propuestas, el Gobierno elaboró finalmente un documento con un total de 54 iniciativas que envió a los partidos el pasado jueves, que incluían las medidas que iban a formar parte del decreto que estaba previsto aprobar el martes. Los papeles en cuestión deberán tener un nuevo debate, y veremos si, finalmente, la pausa de Semana Santa favorece su aprobación definitiva y a satisfacción de la mayoría de los grupos. No será tarea sencilla. Ni la reelaboración ni el convencimiento sobre las ventajas del proyecto.