Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy vuelven a llevar el teatro a la política. Demasiada simulación, por no decir impostura, en las vueltas que le dan al nuevo gatillazo del Estatut en el Tribunal Constitucional. No tienen la gallardía de admitir que ninguno de los dos, ni el Gobierno ni el PP, quiere sentencia antes de las elecciones catalanas del otoño que viene, por no darle hecha la campaña a los nacionalistas.

Ni sentencia ni renovación del Tribunal. No les interesa a ninguno de los dos. Sin embargo, han de disimularlo con apelaciones al respeto de la institución. Rajoy afirma que renovar ahora el Tribunal, del que un tercio (cuatro magistrados, incluida la presidenta) ya terminó su mandato en diciembre de 2007, sería como cambiar las reglas del juego en mitad del partido, lo cual dañaría el prestigio del Tribunal y terminaría por liquidarlo. De paso, culpa a Zapatero de no haberse prestado a renovar la composición del Tribunal cuando tocaba, hace más de dos años y medio.

El presidente del Gobierno, por su parte, no se opone tan claramente a la renovación del Tribunal, pero el resultado es el mismo. Se limita a pedir que le dejemos trabajar en un nuevo intento de dictar sentencia. Él no se rebaja a culpar a Rajoy de obstruir la renovación cuando tocaba, en el Senado, aunque lo hacen sus colaboradores, al recordarnos que el PP hizo la trampa de proponer a sus dos candidatos (Hernando y López) en todas y cada una de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, en vez de esperar que éstas hicieran sus propuestas al margen del dictado de la dirección del partido.

Ahí se empantanó la renovación de los cuatro magistrados que debía efectuarse en el seno de la Cámara alta. Se equivocaron de medio a medio quienes entonces calcularon que la continuidad de los magistrados, aun habiendo superado el tiempo de su mandato, debía de haber contribuido a no retrasar en demasía la sentencia sobre el Estatut, recurrido por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas.

A día de hoy no solamente no hay sentencia, sino que se ha multiplicado el desprestigio del Tribunal Constitucional, hasta el punto de que todo el mundo da por sentado que, diga lo que diga finalmente la sentencia, ésta será vista como un producto con insuperables defectos de fábrica.

De una fábrica que está averiada sólo podrán salir productos defectuosos. Éste es el sino del Tribunal Constitucional y éste es el negro futuro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya constitucionalidad ha sido puesta parcialmente en duda. Así las cosas, empieza a resultar totalmente irrelevante el hecho de que se cambie de ponente o no, que se renueve o se deje de renovar la composición del Tribunal, o que haya sentencia antes o después de las elecciones catalanas. Su imagen y su legitimidad de ejercicio han quedado completamente arruinadas.