La Comisión Europea (CE) denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento prolongado en 38 ciudades españolas, entre las que se encuentra Gijón, de la directiva de 1991 que ordenaba la implantación de sistemas de depuración en zonas urbanas de más de 15.000 habitantes.

Casi 20 años después de aquella normativa europea Gijón carece de la depuradora del Este, la que tendría que prestar servicio al saneamiento de una de las dos cuencas del concejo. El proyecto y ejecución de dicha depuradora han sido retrasados de un modo casi exasperante, con continuos problemas y movilizaciones ciudadanas durante los últimos años que ahora mismo parecen ya resueltos. No obstante, la denuncia ahora presentada por la Comisión Europea debería servir de punto final al proceso, y también de motivo para reflexionar sobre los retrasos de las administraciones en las obras públicas que han de prestar un servicio imprescindible a los ciudadanos. Precisamente el hecho de que exista una instancia legal europea que obligue a los países a cumplir con sus obligaciones es una circunstancia que ha de agradecer la ciudadanía.

En el caso del saneamiento integral, Gijón acató muy pronto la directiva europea de 1991 con la firma, ese mismo año, de un convenio entre el Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento, en el que se diseñaba la depuración de las aguas gijonesas. Pero lo fácil es firmar convenios, y lo difícil, ejecutarlos. Han pasado casi 20 años en los que, no obstante, se han ido abordando una parte importante de las obras. Gijón cuenta hoy, en el Oeste, con la planta de pretratamiento de El Musel, la depuradora de La Reguerona y un emisario submarino. En el Este, sin embargo, funciona la planta de pretratamiento -la «Plantona»- y un emisario submarino que vierte las aguas pretratadas a dos kilómetros y medio de la costa. Pero falta aún la depuradora de dicha cuenca, y las aguas fecales se vierten al mar con el consiguiente riesgo de arrastre de «bacterias, virus nocivos, nitrógeno o fósforo, que pueden dañar el medio marino con la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida». Este dictamen es el que maneja la CE a la hora de considerar que los retrasos de la depuración en España ya son intolerables.

En lo tocante a Gijón, las autoridades medioambientales controlan la calidad de las aguas litorales y velan para que no perjudiquen el disfrute de las playas del concejo, pero los riesgos contaminantes no se reducen al perjuicio que puedan sufrir los bañistas, sino a cuestiones más profundas sobre la sostenibilidad de las aguas marítimas, como afirma el reciente dictamen europeo. En consecuencia, y tras dos amonestaciones previas a la citada denuncia, es el momento de que el Ayuntamiento de Gijón exija al Ministerio de Medio Ambiente, que reservó una exigua partida para esta obra en los Presupuestos Generales del Estado para este año, que la planta depuradora gijonesa no sufra ni una sola dilación más.