Mal está corromper a los menores, pero será mucho peor cuando se intente desde el poder público, y aún el colmo de la perversión si la operación se reviste de obsequio a la justicia, a la educación y a la salud. Eso está ocurriendo de forma solapada, pero creciente, desde hace muchos años, con el afán de que los niños y los adolescentes españoles sean adoctrinados, más que con un programa respetable, con la intención de abatir los valores vigentes.

Y no digo con la idea de sustituirlos por otros nuevos, porque no los hay, sino con el simple objeto de destruir una concepción de la propia dignidad, válida sin discusión, dejando a los chavales a la intemperie del más zafio de los relativismos.

Esta labor maloliente no es de ahora, aunque en nuestros días se haga ya a cara de perro, sino que viene nada menos que de treinta años atrás, cuando, por ejemplo, se distribuía en las escuelas el tristemente célebre «Libro rojo del cole», una publicación de Fuente Taja con el auspicio de la oronda y locuaz Cristina Almeida.

En este libro se proponía que los niños boicotearan a los profesores y se les incitaba a alborotar en clase, hacer novillos, mantener la tensión en las aulas, a la violencia y el acoso a los mayores; incluso a la lucha «contra el sistema capitalista». También se les aleccionaba sobre los matrimonios de igual sexo o de grupo, el aborto fácil, la homosexualidad recomendable y todas las demás manipulaciones genitales y anales que uno pueda imaginar, además de invitar al consumo de drogas...

¿No es verdad que tiene uno la tentación de pensar que éstas o parecidas iniciativas de ayer constituyen el prólogo de algunos desastres de hoy? Sabido es que en Extremadura se montaron «talleres» de masturbación y «ligue» para adolescentes. En varias regiones españolas ya se imparten materiales supuestamente educativos para chicos de 10 a 15 años en los que se trata de rechazar la identidad sexual «tradicional y machista» para poner en pie de igualdad todas las tendencias y prácticas sexuales.

Hace unos días, la prensa nacional recogía la noticia de la salida de un reciente texto escolar de la Junta de Andalucía titulado «Educación afectivo-sexual», en el que, con profusión de imágenes y gran lujo de detalles, se alecciona a los menores sobre todas las perversiones relacionadas con las prácticas sexuales irresponsables y la promiscuidad más caprichosa.

Por su parte, la ministra de Sanidad, con su actitud de mosquita muerta, se propone crear una red de «agentes sanitarios» para impartir en los colegios consignas sexuales y promocionar en las clases la ley del Aborto, un verdadero atropello a los derechos de los menores y de sus padres. Se está llegando demasiado lejos porque los menores se han convertido en un objetivo político.

Arrebatan la infancia a los chicos creándoles prematuramente inquietudes morbosas que antes no tenían. Estamos, creo yo, ante una intromisión descarada de la política en los ámbitos de la intimidad y de las convicciones con auténtico ánimo destructivo en una materia siempre delicada. Ya no es cuestión de ideología sino de dignidad personal.

Todo esto tiene, a mi juicio, aún más calado que la crisis económica, que es previamente una crisis moral. Esa gran parte de la sociedad española que considera que estos hechos tienen una trascendencia vital para generaciones enteras tiene que reaccionar con los recursos a su alcance. El momento de las lamentaciones ha pasado.