La iniciativa del Gobierno autorizando una nueva subida de las tarifas eléctricas a los usuarios corrientes (las grandes empresas se salvan) me parece una broma. Una broma de muy mal gusto. Por varias razones. La primera, porque resulta que es la cuarta vez que en los últimos cuatro años aumentan las tarifas -en total, alrededor de un 40 por ciento más.
La subida no está justificada porque en los últimos años las compañías hidroeléctricas vienen declarando ganancias espectaculares. Hay otra razón: hace sólo dos lustros las mencionadas compañías recibieron del Estado una subvención de un billón de pesetas para, según se justificó por aquél entonces (Gobierno Aznar), «hacer frente a los costes de la transición». Había que homologarse con Europa, argumentaban. También se dijo entonces que a cambio de la subvención (de ida y sin vuelta) las compañías eléctricas se comprometían a no subir las tarifas en mucho tiempo. A la vista está que recibieron los fondos y se olvidaron enseguida de aquel compromiso.
En ese registro, el de las subidas de tarifas del recibo de la luz, hay que decir que las eléctricas siempre han encontrado apoyos en el Gobierno. Al margen del color político. Si cuando la subvención era ministro de Industria Josep Piqué, después, para aprobar las nuevas subidas, gobernando ya los socialistas, fueron ministros como Clos, Montilla o Miguel Sebastián quienes han dado luz verde a los sucesivos «tarifazos». Los poderosos siempre consiguen hilo directo con el poder político.
El resultado es que mientras verdes, idealistas y románticos de la naturaleza defienden las energías alternativas, este Gobierno que se las da de ecologista autoriza una nueva subida de la tarifa de la luz, justo en un momento en el que a los pensionistas se les congelan las pensiones, a los funcionarios se les rebaja el sueldo y más de cuatro millones de ciudadanos sin empleo malviven gracias al subsidio de paro. Como decía, la broma no tiene ninguna gracia.
