Soy consciente de que el «os lo dije» puede resultar muy irritante, especialmente cuando es verdad. Pero hay ocasiones en que habría que ser casi sobrenatural para resistir la tentación, y yo, desde luego, no lo soy. Hace meses comentaba en un artículo la pintoresca decisión del Ayuntamiento de Cangas del Narcea de echar a uno de sus funcionarios, con más de veinte años en su puesto, por no tener la titulación que ellos decidieron exigirle. Una titulación que no se pedía en la convocatoria de su plaza. Una titulación que si se hubieran molestado en informarse sabrían que ni siquiera se pedía para entrar en el Cuerpo de Delineantes de Obras Públicas, que, seguramente, hacen algún que otro plano. Pues bien, no contentos con iniciar sin documentarse una revisión sin precedentes en la historia de la Administración, decretaron la separación cautelar del funcionario mientras se tramitaba, medida reservada a casos de especial peligrosidad y que rara vez se toma ni con imputados en delitos, antes de la sentencia. Y ya me dirán ustedes que «alarma social» crean los estudios de los empleados municipales.

Esperaba, inocente de mí, que semejante atropello sería subsanado en poco tiempo. No imaginaba que la persona en cuestión habría de tener que esperar ocho largos meses para que sus derechos se vieran reconocidos o mis calificativos hubieran sido bastante más duros. Ocho meses sin sueldo, sin paro y sin ninguna posibilidad de trabajar en otra cosa. Ocho meses viendo cómo se dilataban los trámites, como se dejaban caducar los expedientes y se volvían a reabrir. Ocho meses de acusaciones infundadas y comentarios burlones para que ahora, presionados por la justicia, salgan diciendo que todo fue un error, «sin mala fe», que le readmiten, le pagan (ellos no, claro, nosotros) todos los atrasos, intereses y lo que haga falta, y «pelillos a la mar». Como si fuera sencillo compensar todo este tiempo de sufrimiento, desesperanza, impotencia y rabia. ¡Menuda espada de Damocles colgada sobre las cabezas de los empleados municipales! Como no le caigas bien al Conde de turno, a la mazmorra a pan y agua hasta que te rescate un juez.

Por cierto, hablando de títulos, es una lástima que todos los titulados del Ayuntamiento que intervinieron en el asunto hayan estudiado la carrera sentados. Con que uno cualquiera de ellos hubiera estudiado un solo día Derecho, nos hubiéramos ahorrado tal cúmulo de despropósitos, aunque, claro, nos habríamos perdido esa joya de la jurisprudencia que fue la resolución de la Alcaldía anulando el acuerdo del Pleno. Estoy pensando en mandársela a Zapatero para que no se coma el tarro negociando con los nacionalistas. ¡Que el Parlamento discuta y apruebe lo que quiera! Si no nos gusta, sacamos un decreto anulándolo y ya está. Quizás no sea muy democrático y sumado a todo lo anterior pueda parecer, incluso, un poco dictatorial, pero no me pueden negar que es genial.

Encima, los responsables de todo este desaguisado, después de que el juez (¡qué poco moderno!) hubiera puesto reparos a la innovación constitucional antedicha, convocaron un Pleno para rectificar y, aprovechando que el PSOE, en su santa inocencia política (¡quién lo hubiera dicho!), votó a favor, se abstuvieron, incapaces de la gallardía de admitir públicamente que se habían equivocado. Seguramente olvidaron que negarse a reconocer los errores no aminora la vergüenza, sino que la hace más notoria.