Lo ocurrido en La Campa Torres con la aparición de piezas arqueológicas en un lamentable estado de abandono y posterior reconocimiento por parte de la Fiscalía de un delito contra el Patrimonio, nos ha dado pie a más de uno para reflexionar en el solaz agosteño acerca de las responsabilidades e irresponsabilidades que contraen y cometen quienes asumen trabajos propios de la función pública.

La línea que separa al político del alto funcionariado público siempre ha sido objeto de debate una vez parido el estado liberal constitucional, allá por el siglo XIX. Desde entonces se ha ido capeando el asunto, a pesar de su creciente complejidad, con mayor o menor acierto según momentos y circunstancias. Que el Director de Patrimonio del Principado, José Luis Vega, se haya descolgado diciendo hace unos días en relación al hallazgo en La Campa que no es el momento de buscar culpables sino soluciones y que al final nadie tiene responsabilidad en lo sucedido, es la mejor demostración de que a día de hoy el servilismo a los intereses partidarios de quien gobierna garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo como funcionario, en el caso que nos ocupa de libre designación, y asegura, con un poco de empeño, el ascenso en el organigrama de la Administración. Ejemplo de ello es Francisco Cuesta, todavía director del Museo de Grandas de Salime, responsable de las excavaciones en el momento en que las piezas encontradas desaparecieron.

Desde la Dirección de Patrimonio se está amparando la comisión de un delito que no por prescrito deja de ser un escándalo, cuyas proporciones van en aumento cada vez que los máximos responsables se ponen de perfil ante la situación creada. La señora Consejera del ramo, Mercedes Álvarez, ni está ni se la espera, lo que vuelve a demostrar, más allá de los nombres propios que ilustran el caso de La Campa Torres, que por arriba, el estoque del interés partidista atraviesa la función pública protegiendo al funcionario de libre designación, quien goza de su puesto sabedor de que bajo el paraguas del partido al que sirve mantendrá su cargo, aún cuando, como gestor de los asuntos ciudadanos, no esté a la altura de lo que la sociedad demanda.

Si como a mí, los calores estivales favorecen que se les caliente la cabeza con la cosa pública, lean el libro de Alejandro Nieto «El desgobierno de lo público», altamente recomendable para despejar algunas dudas y alimentar su sentido crítico.