26 de septiembre de 2010
26.09.2010
40 Años
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Editorial

Las adjudicaciones públicas, un escándalo

26.09.2010 | 02:00
Las adjudicaciones públicas, un escándalo

Empieza a ser alarmante la ausencia en las administraciones públicas de una «cultura de la legalidad». La paternidad del término hay que atribuirla a un experto en el estudio de la corrupción política, el catedrático madrileño Manuel Villoria Mendieta, coautor de un libro compilatorio de reciente publicación que analiza la degradación en la que están incurriendo muchos sistemas democráticos. La obra pretende mostrar que en los regímenes asentados en países de religión protestante el cumplimiento de las leyes constituye un dogma, es consustancial a la idiosincrasia de sus individuos. En cambio, en las democracias con base católica lo natural, y socialmente valorado es hacer exhibición de lo contrario. Sólo se atienen a la norma los incautos. Las disposiciones están para los que carecen de pértiga -enchufe, privilegio- con que saltarlas.

Se puede asumir o discrepar del fondo moral de esta tesis, pero lo cierto es que uno de los grandes problemas de las democracias actuales reside en lo que podríamos bautizar como delitos de guante blanco, cada vez más frecuentes: el nepotismo, el clientelismo, las adjudicaciones teledirigidas, el abuso administrativo, el funcionariado domesticado bajo amenaza, el fin de la meritocracia... Y las sociedades tienden a asumir, lo que es muy peligroso, con tolerancia y resignación estas perversiones como una fatalidad inevitable del sistema, cuando su exagerada proliferación debería mover ya a una enérgica y contundente rebelión ciudadana.

El asunto no incumbe sólo a una España de tradición pícara, sino a todos los países desarrollados, ni es un problema atribuible a una autonomía o a un municipio concretos, pero en Asturias el olor por algunas de estas formas de actuar alcanza ya niveles irrespirables. La actualidad ha querido que un caso en Llanes -sentenciado en firme- ejemplifique a la perfección de qué estamos hablando. Cámbiese el nombre de este concejo por cualquier otro, y encontraremos multitud de situaciones similares.

Una juez acaba de anular el concurso que adjudicó la redacción del plan urbano llanisco porque «la discrecionalidad de que goza la Administración a la hora de valorar las ofertas ha sido utilizada para caer de lleno en la arbitrariedad». La empresa con más méritos fue excluida pese a que el único técnico que formaba parte de una mesa de contratación llena de políticos advirtió expresamente de la irregularidad. El técnico que se plantó, por cierto, era jefe de servicio en el Principado y fue destituido al poco tiempo.

Los lectores de LA NUEVA ESPAÑA han tenido en estas semanas constancia de denuncias en el mismo sentido surgidas desde dentro de la propia Administración regional. Funcionarios, abogados y sindicalistas claman contra el desmadre en que se están convirtiendo las contrataciones públicas, contaminadas por intereses políticos. Un delegado laboral del Principado afirma: «Ni se te ocurra decir que no a un consejero o director general. "¿Para qué estas ahí, para qué te puse?", responderá al instante».

La Administración asturiana huye del control independiente como gato escaldado del agua fría. Así, procesos que se supone objetivos se dirimen por meras opiniones personales, trabajadores que deben su cargo al dedazo son los que eligen en los concursos la opción que conviene a sus benefactores, u obras que se adjudican con bajas escandalosas tienen garantizado el sobrecoste de antemano. Los modificados que engordan proyectos, el pan nuestro de cada día, son casi un fraude a la Hacienda pública, un hurto al dinero de todos, y el troceado de contratos hasta dejarlos en la cantidad que elude la fiscalización, la publicidad y la concurrencia aconsejables se está convirtiendo en perversión favorita. Todo supuestamente por el libro, todo muy manipulado.

No se trata de sembrar la duda indiscriminada ni de poner el ventilador sobre la bosta, pero sí de detener esta bola de nieve. A cualquier gobierno se le presupone, y se le exige siempre, máxima agilidad. La eficacia está reñida con trampas y atajos.

¿Y luego se sorprenden los políticos de la desafección y la desconfianza que se han ganado hoy entre la ciudadanía? La convocan a las urnas a depositar una papeleta sin reparar en demagogias y promesas que se olvidan por el camino, y luego, durante cuatro años, no le hacen ni caso, volviendo la espalda a los verdaderos intereses ciudadanos. Tener una Administración pública transparente, limpia y justa es uno de ellos. Un dato para reflexionar: la clase política se convierte, tras el paro y la crisis, en la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Necesitamos funcionarios capaces e imparciales, no que atesoren como único blasón la confianza del jefe. Hay departamentos en el Principado en los que la totalidad de integrantes procede de la libre designación, lo que seguramente será legal aunque éticamente impresentable. Esos polvos traen estos lodos. El funcionario tiene que estar al servicio del ciudadano, no del político de turno. Mientras no rescatemos el significado de este principio tan simple pero tan valioso, las administraciones públicas seguirán bajo sospecha, y su credibilidad, por los suelos.

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