Acabó una legislatura y es buen momento para hacer balances: son convenientes en determinados ámbitos y resultan obligados para las cuestiones públicas trascendentales, incluso para la propia salud humana y para la preservación de los valores naturales asturianos, porque son garantía de nuestro bienestar y nuestro propio futuro.
Convienen especialmente en momentos como el presente, en que nuevas formas de hacer las cosas son posibles y fueron claramente demandadas por los votantes en las recientes elecciones.
En el ámbito ambiental el panorama resulta desolador. Llegamos a cotas tan bajas que difícilmente serán superadas ni para peor ni para mejorar el servicio del ciudadano (ya que resultará difícil recuperarse del deterioro administrativo implicado). Ni en una sola de las facetas ambientales destacables podemos sentirnos satisfechos. Veamos sólo algunas:
Información ambiental. La Administración asturiana alardea de cumplir con este deber para con los contribuyentes, pero desatiende las peticiones de información y desoye sistemáticamente las alegaciones presentadas en los procedimientos reglados. Por ello, las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales integradas se convirtieron en un procedimiento ritualizado y completamente inútil que, lejos de constituir garantía de hacer las cosas bien, resultan un mero estorbo en la tramitación de expedientes.
Espacios protegidos. Es falso que el 30% de nuestro territorio esté protegido: ni esa superficie está realmente declarada como tal ni la que lo está se protege debidamente. Otra vez se trata de meros reclamos publicitarios sin virtualidad alguna dada la falta de convicción proteccionista gubernamental.
Especies. Ni se actualiza el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (y el PORNA), ni se redactan los planes de protección correspondientes a las especies catalogadas, ni se cumplen los pocos planes promulgados hace ya unos cuantos años (exclusivamente vertebrados y árboles).
Contaminación. Asturies, especialmente nuestra zona central, está entre las comunidades más contaminadas y con los mayores niveles de gases de efecto invernadero. Ni resultan fiables los registros de contaminación, ni se realizan en los lugares más convenientes, ni se toman las medidas necesarias y exigibles para corregir una contaminación de la que la alta incidencia de asma y cánceres (superior a la media española) puede resultar alarmantemente indicadora. Muy al contrario, se autorizan nuevas industrias contaminantes, se mantienen e, incluso, amplían otras que claramente debieran suprimirse e, incluso, se favorecieron recientemente nuevas actividades tan inquietantes como la incineración de residuos, la construcción de una regasificadora en las proximidades de la mayor concentración urbana asturiana o el tratamiento con cianuro de mineral de oro extranjero precisamente encima del venerable río Narcea.
Incierto futuro. La crisis que atravesamos y que se debe a un modelo de desarrollo manifiesta y demostradamente equivocado podría ser momento adecuado para un cambio de prioridades, pero se está desaprovechando lamentablemente en tal sentido. En las intervenciones electorales de los políticos que tuvieron mejores resultados en los recientes comicios se volvió a apostar por el mismo desarrollismo fracasado que ahora está paralizado, considerando que se relanzará en el punto en que «pinchó», razón por la que jamás renuncian esos políticos a grandes y medianos proyectos de infraestructuras innecesarias y lesivas para el entorno asturiano, a las urbanizaciones ahora paradas o que ni siquiera comenzaron (algunas incluso con subvenciones públicas que nunca debieron obtener) y un largo etcétera de despropósitos. Planes urbanísticos repetidamente rechazados por los tribunales se intentan revalidar una y otra vez, y los vecinos votan a los mismos que los promueven, sin sonrojo, reincidentemente.
Ni se evitará el hormigonado de caminos tan emblemáticos como la Ruta l'Alba, ni se reconsidera la incineración de basuras apostando más decididamente por el reciclaje con todo su efecto tecnológico y laboral positivos, ni se insinuaron siquiera en las campañas electorales medidas decididas y eficaces para corregir la contaminación y las conocidas fuentes industriales de la misma. Tampoco se dijo nada en relación con la política del agua (el embalse de Caliao sigue amenazando) y la política de caza y pesca parece que se reconducirá sin consultar ni considerar otras opiniones que las de los aficionados a esas actividades, que ni son los únicos con derecho al disfrute de los recursos naturales de toda la sociedad ni los mejores gestores de los mismos. Especies ahora llamadas «paraguas» (las más emblemáticas) se esfuman ante nuestros ojos sin que se tomen otras medidas que realizar gastos tan cuantiosos como innecesarios o, incluso, contraproducentes las más de las veces.
La declaración de protección de muchos espacios naturales previstos en la red regional sigue sin llegar ni vislumbrarse, y los ya declarados -especialmente los parques naturales- son meros polos de desarrollo donde los considerables recursos económicos que propician se destinan para todo menos a una auténtica y efectiva protección por parte de los responsables de Medio Ambiente, dedicados -supuestamente- a garantizar la preservación de nuestro paraíso natural. Algunos de estos espacios naturales fueron ya recortados, como la playa L'Espartal, buscando el beneficio de una constructora. El Sueve no acaba de ser declarado, pero se puso en marcha un centro de interpretación de un paisaje protegido inexistente.
La minería a cielo abierto se amplía o se inician nuevas explotaciones sin las debidas garantías ni prevenciones (en Salave pretenden relanzar una explotación de oro cuya tramitación ambiental no se quiso concluir), y, así, la indefensión de los paisajes y de los ciudadanos que se instalaron en alguno de ellos resulta evidente, hasta el punto de no estar jamás seguro de que la propiedad no se vea afectada por la innecesaria autopista, el caprichoso tendido de alta tensión, una industria contaminante o la cantera que arruine toda la armonía y la tranquilidad preservadas durante siglos, un préstamo de nuestros descendientes que usufructuamos y despilfarramos desconsideradamente, sin control ni responsabilidad por parte de los gobernantes.
Corregir todos estos y otros aspectos es un desafío, pero debe ser una prioridad para los gobiernos autonómico y municipales que vengan tras el pasado e histórico 22-M.
