Varios temas judiciales de candente actualidad. El caso del ciclista Alberto Contador, en una sentencia un tanto desproporcionada, es condenado por indicios, y le imponen una drástica sanción porque «suponen» que tomaría un complemento alimenticio dopante, reconociendo carecer de pruebas. Más allá de patriotismos folclóricos, fuera español o marroquí, se trata de un paso abusivo y un precedente peligroso, la presunción de culpabilidad. Nuestros vecinos y amigos franceses acaso sufren de envidia nociva. Ellos han tenido grandes deportistas de éxitos: Hinault en ciclismo, Zidane en fútbol, y ahora llevan unas temporadas de relativa sequía. Sarkozy ni va a ser Nobel de Economía ni va a ganar al tenis a Nadal. ¿Coincide les puede su orgullo («grandeur») y no saben perder?

Respecto al matrimonio gay, que si es constitucional o inconstitucional (¿lo es que no se pueda estudiar en español en Cataluña?), tanto marear la perdiz con presuntos puritanismos y discusiones bizantinas terminológicas, siendo el tema central los derechos de los ciudadanos, ¿qué más da al cabo cómo se llame, matrimonio, unión civil o pareja de derecho? La función del Gobierno no es regular la vida privada de las personas en cuanto a precios o gustos, sino organizar la convivencia y dirigir la Administración para la felicidad personal y el progreso social. Lo significativo es no discriminar a nadie por su orientación sexual, en tanto no resulte daño ni personas perjudicadas: mejor hacer el amor que hacer la guerra.

Uno de los asuntos más polémicos es el de Garzón. La justicia debe ser imparcial. Un señor que ha sido candidato n.º 2 del PSOE de Felipe González no puede protagonizar la instrucción sobre la detestable trama de corrupción Gürtel en torno al PP, el gran rival; si tuviera un mínimo de la ética que presume, debería haberse inhibido desde el primer minuto. Lo de pedir el certificado de la muerte de Franco para ver si le puede juzgar por las atrocidades de la Guerra Civil hace sospechar si está buscando ser candidato de un «Frente Popular» de determinados indignados, para las elecciones generales de 2015 de seguir la crisis económica -que es probable con las medidas antiliberales y contraproducentes que han tomado los gobiernos de ZP y de momento los de Rajoy-. Y en cuanto a si cobraba cientos de miles de euros por patrocinio a los bancos sobre cuyos litigios sentenciaba, ya pasamos del campo de la ética al penal.

Dice el abogado de Iñaki Urdangarín que si hizo cosas que no son correctas pedirá disculpas. Es complicado definir lo que es correcto en general por encima de las conveniencias particulares, quizá le estaban pagando por poner la imagen como publicidad de hecho y no sabían cómo «vestir el Santo». Dado que la Infanta Cristina y el yerno del Rey ya tenían elevados ingresos institucionales por su papel representativo, y si usaba como pantallas supuestas ONG, resulta que no se trata de un santo, sino de un «espabilado» (lo penal, sentenciarán los juzgados). Pero más práctico que pedir disculpas, si hizo negocios irregulares -que vulgarmente llamaríamos «chanchullos»-, lo correcto sería devolver el dinero. Nos aumentan los impuestos para pagar derroches, y encima quieren que les justifiquemos.