Como un personaje de cualquier novela que se haya presentado en sus distintas convocatorias, sobre la «Semana negra» de Gijón se cierne en los últimos meses una oscura sombra, de tal manera que ninguna de las partes afectadas dice la verdad ni muestra sus cartas. La edición de 2012 se antoja aún un espectro fantasmal o un personaje gótico cuyo destino a estas alturas de la novela aún se desconoce.

Convertida en icono del verano gijonés y en un símbolo de la gestión cultural de la izquierda, la «Semana negra» es una iniciativa seguida masivamente por los ciudadanos de Gijón y de otras partes de Asturias, pero que concita por contra un rechazo vecinal a su cercanía que los organizadores deberían analizar en profundidad. El gobierno local de Carmen Moriyón dejó claro desde el primer minuto que no es una de las iniciativas que más apoyo le merecen; es más, la presión de la izquierda le ha hecho recular tras un comienzo de mandato en el que pareció haber sentenciado a la «Semana negra» sin disimulo. La promesa realizada a la Universidad de Oviedo de que el evento no se volvería a celebrar en la polémica parcela aledaña al campus, cercada por una valla de seguridad y con vigilancia privada el año pasado, condicionó desde el primer momento la posición de Foro. La oferta del recinto de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, realizada con no disimulado entusiasmo por el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, supone, sin embargo, notables riesgos que la anterior presidencia cameral desveló y que ahora parecen haber caído en el olvido.

Los problemas legales en relación con la comunidad de propietarios del edificio «Gacela», sito frente a El Molinón, han reaparecido. Esta comunidad fue la que ganó judicialmente el derecho a verse libre de la «Semana negra», al menos a quinientos metros de distancia. Fue una dura batalla legal ganada por los vecinos de un edificio que se cansaron de ruidos nocturnos o desmanes diurnos que las autoridades competentes permitían con inusual desahogo. Los vecinos están en alerta ante la posible llegada de la «Semana negra» al recinto ferial y ya han avisado de que sus representantes legales procederán a las oportunas mediciones de la distancia entre el edificio y el recinto por si, como parece, hay una distancia menor de quinientos metros, pedir al Juzgado que proceda a la ejecución de la sentencia que ha mandado a la «Semana negra» a El Arbeyal o a los aledaños del campus universitario en una parcela cuya propiedad es universitaria, según sentencia judicial reciente.

La organización de la «Semana negra», que parece haber olvidado ya aquella alegría veraniega de la batería de supuestas ofertas de otras ciudades para ser sede del evento, se ha dado cuenta del riesgo que puede correr en la Feria de Muestras y pide a la alcaldesa Moriyón que asuma las posibles responsabilidades, tal como informaba ayer LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. La petición, que parece lógica desde el punto de vista de los organizadores, añade nuevas complicaciones para el futuro inmediato del encuentro festivo-cultural. El Ayuntamiento ve en la solución de la Feria la salida a un embrollo que se ha ido enredando desde el mes de julio del año pasado.

En los tiempos que corren la prioridad es apelar a la necesidad de crear empleos que ayuden a paliar la situación de los veinte mil y muchos parados gijoneses, y no enredarse en un asunto en cierta medida veraniego. Pero está claro que la «Semana negra» se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Gijón y que, con las mejoras y controles que sean precisos, es un acontecimiento a conservar porque una ciudad se vertebra con iniciativas atractivas. La lucha contra el ruido en las ciudades no es exclusiva de Gijón. Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, por poner dos ejemplos, viven problemas semejantes, con intervenciones judiciales frecuentes. Y a los gobernantes compete buscar soluciones a este tipo de conflictos.