15 de febrero de 2013
15.02.2013
40 Años
40 Años

Ahorrad, ahorrad, malditos

El trabajo de los Tribunales de Cuentas

15.02.2013 | 01:00
Ahorrad, ahorrad, malditos

Cuando curioseo por el supermercado suelo escudriñar la minúscula etiqueta que explica la procedencia de algún producto cuyo precio me parece barato. Mirando el bacalao congelado descubres -si llevas una lupa- que viene de China y si continúas investigando verás que ocurre lo mismo con algunos espárragos «envasados» en Navarra. Muchas políticas de precio económico, en realidad, encubren verdaderos sucedáneos, meras ilusiones con sus riesgos -y sus diferencias- que permiten a la buena gente el ahorro necesario para llegar a fin de mes.

El asunto viene a colación porque los Tribunales de Cuentas, en cualquiera de sus versiones nacionales o regionales, intentan contribuir a un mejor uso de los dineros públicos; censuran la legalidad de los procedimientos del gasto pero también su ejecución para que respondan a los criterios de eficiencia y economía, aquí exigidos, nada más ni nada menos que por la Constitución Española.

Con frecuencia, las recomendaciones de los auditores públicos incluyen variadas referencias a la reducción de todo tipo de gastos corrientes. Algunas instituciones de control, a final de año, suman todos esos beneficios recomendados y los presentan como resultado de sus informes. Así, la Oficina Nacional de Auditoría británica (NAO) reconocía, en su memoria del año pasado, que hacer caso a sus 60 informes del ejercicio pasado podría haber ahorrado mil millones de libras al contribuyente. Además, conocíamos que el Primer Ministro del Reino Unido pedía disculpas por las conclusiones del informe de un prestigioso abogado experto en negligencias médicas -de 3.000 páginas- sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud durante el quinquenio 2005-2009. Maltrato sistemático en algunos hospitales, pacientes sin agua y alimentos, con una altísima tasa de fallecimientos: «se ignoraron las señales de advertencia y se antepuso el interés corporativo y el control del gasto por delante de los pacientes y su seguridad». Me da mucho que pensar y me recuerda aquella viñeta de El Roto: «Antes hacíamos medicina, ahora gestionamos gasto sanitario». Imagino una multitud de auditores peinando cada año los hospitales ingleses y recomendando ahorros o denunciando despilfarros. ¿Estaremos recomendando el filete de bacalao chino?

En el sector privado son conocidas -y temidas- las auditorías «de recuperación» («audit recovery») dentro de las políticas de control financiero de las grandes multinacionales. Consiguen ahorros significativos -con vistas a ejercicios futuros- revisando las condiciones de los contratos o escrutando implacables los gastos generales, el volumen de compras y los plazos de pago. Es decir, presionando a los proveedores. Buscan reducir costes y para lograrlo no dudan en cuestionar cualquier servicio, sus indicadores de gestión o los efectivos de la plantilla asignada.

Queda lejos aquel tranquilo y modesto mundo administrativo que narraba Benedetti, en el entrañable cuento titulado «El presupuesto»; emotiva descripción de las tribulaciones de un negociado olvidado en algún edificio público. En el marco de la actual crisis económica, nos estamos habituando a una incomoda rendición de cuentas en la Administración Pública. Sarkozy popularizó en Francia, hace ya más de seis años, las auditorías de modernización -que presumían de ahorros millonarios- y Hollande, que fue auditor del Tribunal de Cuentas francés, promueve ahora la «caza de normas absurdas». Acaba de confiar a un alcalde socialista y a un senador centrista la redacción de un informe que proponga, antes del 15 de marzo, una lista de normas que deben derogarse por innecesarias y costosas. Ponen como ejemplo la legislación sobre edificios públicos, que se aplica a todos los equipamientos administrativos: «los que pueden alojar tanto a 200 personas como a 20» y , por tanto se penaliza a los pequeños municipios. Los comisionados son contundentes: «Algunas normas son como la sal y la pimienta: cuando no hay ninguna, no es comestible y cuando hay demasiada ? ¡también es incomible!».

En España, la última Conferencia de Presidentes autonómicos acordó la creación de un Grupo de Trabajo que elabore un programa de racionalización administrativa, en dos áreas que ya tienen su correspondiente buzón virtual en la web del Ministerio de Hacienda: Duplicidades Administrativas y Trabas Burocráticas, donde se están recibiendo miles de sugerencias a través de internet.

Sin embargo, la principal herramienta del Gobierno de Rajoy será la «Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas», con cinco subcomités de trabajo que deben entregar su informe antes del 30 de junio. El mes pasado hubo algo de cachondeo en los medios, cuando se les añadió un nuevo Consejo Asesor para determinar «cuántos consejos asesores similares deben ser eliminados». Bromas aparte, se trata de dar entrada a un representante de los sindicatos mayoritarios en la Administración, de las patronales, de los autónomos, de los consumidores y de la Universidad. Una propuesta de gran calado debe buscar el consenso.

El reto de todas estas comisiones es el tiempo de respuesta. Deben entregar su dictamen en una fecha cercana y fija. Contrasta con la actividad de algunos Tribunales de Cuentas que realizan sus autopsias cuando «los muertos» ya ni huelen, los sospechosos están lejos y las elecciones han puesto a cada uno en su sitio.

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