19 de marzo de 2013
19.03.2013

Urge legalizar la transparencia de lo público

Los casos del Bellas Artes y la TPA

19.03.2013 | 00:00
Urge legalizar la transparencia de lo público

El retraso en la tramitación parlamentaria de la ley de acceso a los hasta ahora vedados secretos de lo financiado por el contribuyente está permitiendo que la relación entre la actividad económica y la gubernativa manifieste un nuevo registro: el de la «política de puertas giratorias entre lo público y lo privado», como ahora se conoce la protagonizada en la última década del bipartidismo patrio por un reducido grupo de grandes empresas y otro de políticos, entre los que figuran dos ex presidentes, que al finalizar sus mandatos han encontrado en aquéllas acomodos bien retribuidos como asesores.


Sin embargo, sorprende aún más que en democracia perviva el fenómeno contrario, el de transitar a lo público desde el negocio privado sin previo abandono de éste, como recientemente nos ha informado la periodista Pilar Rubiera en «La buena conducta», artículo aparecido en este diario en el que refiere el caso de una galerista comercial vinculada al Partido Popular que, después de haber figurado doce años en el patronato del más importante museo de pintura de la región saltándose a la torera la deontología propia de la institución, ahora resulta que pide nada menos que figurar en el tribunal encargado de decidir la persona que ocupe la vacante de director/a recién salida a concurso. Pero lo más increíble del asunto ha sido, si cabe, que unos días después de aparecer el artículo citado, el pasado 2 de marzo, la consejera socialista del ramo ha incluido a la susodicha galerista en el tribunal o comisión evaluadora que elegirá al nuevo director del Bellas Artes de Asturias. ¿Para cuándo una auditoría (externa y gratuita) realizada por expertos de la cantera regional sobre la calidad, la procedencia y el coste de las adquisiciones del museo, si no desde su fundación, sí durante los últimos doce años?


En cuanto a la «modernez» que supuso para la comunidad asturiana la puesta en marcha de la Televisión del Principado durante el segundo mandato presidencial de Álvarez Areces, escandaloso ha sido contemplar la emisión durante cuatro temporadas de un partido de fútbol de Primera División los sábados y la Fórmula 1 automovilística los domingos durante tres, los mismos días y horas que lo emitía el canal estatal La Sexta también en abierto. ¿Coste del derroche acumulado? En torno a 4,5 millones de euros por cada uno de los tres años que se emitieron los dos programas, según la información aparecida en el último número de «Atlántica XXII», revista que, a su vez, da cuenta de la gravísima situación que aún atraviesan los trabajadores de la RTPA, en la que, en opinión del presidente del comité de empresa, la corrupción y los chanchullos continúan estando a la orden del día. ¿Para cuándo otra auditoría o comisión parlamentaria, o ambas, en la que los responsables del en su día muy mentado Ente Público de la Radio Televisión Asturiana rindan cuenta del desaguisado?


Como la coyuntura ya es propicia y no conviene pensarla prolongada, urge aprovecharla para conseguir la máxima transparencia a todos los territorios y niveles institucionales, incluyendo la de la Familia Real y el medio millar de funcionarios que la asisten de los que sólo dieciocho sostiene el presupuesto de la Zarzuela. Es de justicia brindársela a los actores y descendientes de los que tan fuerte apostaron hace 35 años por un futuro de libertad que optaron por respaldar a un Monarca que no juró fidelidad a la Constitución que lo reconoció como Jefe del Estado de una Monarquía parlamentaria. Nos lo merecemos todos.

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