Por qué el Gobierno quiere modificar una ley que funciona con normalidad, que no ha dado problemas, es más, que ha solucionado los problemas y las disfunciones de la anterior regulación del aborto, que no ley. Esta es la pregunta que tiene que responder el Gobierno, sobre todo, a las mujeres de este país.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es una buena ley, largamente debatida en el Parlamento en la anterior legislatura. Consensuada con las fuerzas políticas, que sólo contó con el voto en contra del PP. Todos los demás grupos votaron a favor.

Es una ley que trabaja en la prevención y, por tanto, su objetivo es reducir el número de abortos año a año. Es una ley que da seguridad a las mujeres y a los y las profesionales de la sanidad.

Tiene el visto bueno de muchos expertos y del Consejo de Estado, en un dictamen firmado por Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de La Constitución, por cierto, nada sospecho de izquierdista y anticlerical.

Además, es una legislación totalmente equiparable a las leyes de los países de nuestro entorno: Francia 1972, Alemania 1992, Bélgica 1990, Suecia 1974, Italia 1978 y Portugal 2001. Todas estas leyes han sido respetadas en estos países desde su aprobación por los diferentes gobiernos, que desde entonces han sido dirigidos por partidos de la derecha y de la izquierda ¿Por qué en España no?

¿Por qué la derecha española siempre ha usado el aborto electoralmente?

Ha participado en las manifestaciones fanáticas antiabortistas y ha ido de la mano de ese extremismo ideológico. Como resultado de ello ahora participa de una contradicción flagrante. Me explico: Si Ruiz Gallardón y el Gobierno están en contra del aborto y digamos que su acción como representante está inspirada por el mandato católico y no por el constitucional, es decir, como representante de un país aconfesional, lo que tiene que hacer para no «estar en pecado» es prohibir el aborto y derogar la actual ley.

Porque si no lo hace así y lo que trata es de modificar la ley para volver al estado de cosas de la regulación anterior, podemos decir está a favor del aborto. Y si está a favor del aborto, la mejor ley es la ley actual, que da garantías y seguridad.

Volver a lo de antes es volver al Código Penal. En ese caso, lo que significa es que no puede evitar el aborto, ¡lo admite!, pero penaliza a las mujeres.

Volver a lo de antes o incluso a una situación mucho más restrictiva, como anuncia el Ministro, es volver a una situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad para las mujeres y también los profesionales. Precisamente esa es la situación que tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud tratan de evitar y por eso han elaborado numerosas recomendaciones a los estados, para que no se penalice el aborto y al contrario, protejan adecuadamente a las mujeres y apoyen la maternidad libremente decidida. Por eso todos los países de nuestros entorno tienen leyes similares a la actualmente en vigor y que este gobierno quiere eliminar. Si finalmente el gobierno acaba con la ley actualmente en vigor, volveremos a estar al margen del cumplimiento de los mandatos de Naciones Unidas y volveremos a ser una excepción en Europa.

Vamos a volver, además, al escrache en las clínicas para no permitir que las mujeres puedan abortar con libertad, y a que muchas otras tengan que volver a marcharse fuera del país para ejercer su derecho.

Resulta indignante e inmoral no superar este debate y quedarnos anclado en el debate religioso. La ley no obliga a todas las personas que por razones morales o religiosas tiene la opción de no hacer uso de la ley. Pero ¿y las otras? Las que forman parte de esta país aconfesional y que quieren vivir de acuerdo a sus principios y toman decisiones propias, de acuerdo con un Estado de Derecho, ¿por qué tienen que estar sometidas a una moral que sí les impide ejercer su derecho?

No podemos aceptar eso como ciudadanos libres. Y ya está bien de que la derecha española siga persiguiendo y penalizando la libertad y autonomía de las mujeres en el ejercicio de su maternidad, libremente decidida. Curiosamente el PP, que no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales, casualmente va a cumplir esta.