22 de octubre de 2013
22.10.2013

Crónica de un fallo anunciado

La revocación de la llamada "doctrina Parot"

22.10.2013 | 01:41
Crónica de un fallo anunciado

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha resuelto que la llamada "doctrina Parot" vulnera los artículos 7 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Rechaza así, y de una manera mucho más extensa y argumentada que en la decisión de la Sección Tercera del TEDH de 10 de julio de 2012, la aplicación retroactiva de una nueva forma de computar los efectos de los beneficios penitenciarios que altera, en perjuicio de la persona condenada, la exigencia de que un delito, así como la pena que implique, estén claramente definidos por la Ley.

Esta jurisprudencia se inserta en la línea, propia de cualquier Estado democrático, de prohibir las definiciones vagas e indeterminadas de delitos y penas en normas de rango insuficiente, la retroactividad de disposiciones desfavorables al reo y la interpretación analógica de la norma penal.

El TEDH recuerda que por decisión de 30 de noviembre de 2000 la Audiencia Nacional fijó el límite máximo del cumplimiento de todas las penas dictadas contra la demandante en 30 años de prisión, de conformidad con el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, en vigor en el momento en que se cometieron los hechos. El 24 de abril de 2008, el centro penitenciario señaló el día 2 de julio de 2008 como fecha para la puesta en libertad de la demandante, después de aplicar las remisiones de penas por trabajo sobre el límite máximo de 30 años de prisión. Posteriormente, el 19 de mayo de 2008, la Audiencia Nacional solicitó a las autoridades penitenciarias la modificación de la fecha prevista de puesta en libertad y que se hiciera un nuevo cálculo en base a una nueva jurisprudencia establecida en la sentencia del Tribunal Supremo 197/06 del 28 de febrero de 2006. De acuerdo a esta nueva jurisprudencia, los beneficios y remisiones de penas debían aplicarse en cada una de las condenas individualmente, y no sobre el límite de 30 años de prisión. Aplicando el nuevo criterio, la Audiencia Nacional señaló el 27 de junio de 2017 como la fecha definitiva de puesta en libertad de la demandante.

El TEDH constata, como admite el Gobierno español, que en los casos de personas condenadas a varias penas de prisión, las autoridades penitenciarias, de conformidad con tribunales, estimaron como fórmula de aplicación general que el límite establecido en el artículo 70.2 del Código Penal de 1973 (30 años) se transformaba en una nueva condena autónoma, sobre la que debían aplicarse los beneficios penitenciarios. Sobre esos 30 años se calculaba la remisión de penas por trabajo. Esta práctica fue avalada por la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1994 y, de hecho, benefició, en casos similares al de la demandante, a muchas personas condenadas en virtud del Código Penal de 1973, que vieron como se aplicaban redención de penas por trabajo sobre el límite máximo de prisión de 30 años.

En la nueva sentencia el TEDH insiste en que dicha redención de penas estaba prevista en una norma legal y no en normas reglamentarias; exactamente en el mismo Código donde se incluían las penas y la forma de remisión, que implica una importante reducción y no, como en la libertad condicional, una afectación de las condiciones de ejecución. Por si fuera poco, la reducción de la pena era prácticamente automática, salvo dos supuestos precisos: tentativa de sustraerse a la ejecución de la pena o mala conducta en prisión. Pero, incluso en estas dos hipótesis, no se perdían los beneficios ya consolidados.

Recuerda también el TEDH que el cálculo de la remisión de condena (3.282 días) no fue cuestionado en momento alguno ni por la Administración penitenciaria ni por los Tribunales. El propio Gobierno español admite que antes de la "doctrina Parot", las remisiones de condena por trabajo se imputaban sobre la duración máxima de 30 años.

Por su parte, el Tribunal Supremo español revisó su doctrina de 1994 en 2006, es decir, 10 años después de la derogación del Código Penal de 1973, del que traía causa.

De conformidad, pues, con ese estado de cosas, la demandante podía esperar beneficiarse de la remisión de penas por el trabajo que había llevado a cabo desde 1987 partiendo de la hipótesis de que la condena total a cumplir era 30 años. En otras palabras, no podía prever que el método de cálculo de estas redenciones de condena serían objeto de un giro jurisprudencial del Tribunal Supremo en 2006 y que este cambio se le aplicaría retroactivamente.

Por todo ello, y por 15 votos contra 2, se confirma que esta interpretación vulnera el artículo 7 del Convenio pues los tribunales internos no pueden aplicar retroactivamente y en perjuicio del reo los cambios producidos después de la comisión del delito. Sentado lo anterior, el Tribunal considera que, desde el 3 de julio de 2008, la reclusión de la demandante no es "regular" y eso supone la violación del artículo 5.1 del Convenio, lo que es objeto de apreciación unánime por la Gran Sala (17 votos). Por todo ello, insta (16 votos frente a 1) al Estado español a garantizar la puesta en libertad de la demandante en el más breve plazo posible y (por 10 votos frente a 7) a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales.

Las consecuencias de esta resolución disgustarán a muchas personas pero algo que está implícito en ella es que si la sociedad española y su comisionado legislativo -las Cortes Generales- consideraban que la comisión de múltiples asesinatos debía estar castigada de modo más severo, lo que habría que haber hecho es modificar en su momento el Código Penal de 1973. El TEDH se limita a certificar que no todo vale en democracia contra los enemigos de la democracia.

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