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Los pegollos europeos

La realidad de la UE, el ejemplo, la austeridad y la transparencia de los estados

Tradicionalmente, los sistemas políticos se asientan en una serie de pilares de instituciones públicas que permiten garantizar el nivel de integridad nacional. Como en nuestros hórreos y paneras, si alguno de esos pegollos comienza a fallar, entonces los riesgos de corrupción pueden poner en peligro toda la estructura.

El asunto viene a cuento porque la prestigiosa organización Transparencia Internacional acaba de hacer público un innovador y valiente informe que señala los riesgos de integridad específicos de las instituciones de la Unión Europea (UE). Es innovador porque en el ámbito supranacional (como es la UE) es difícil realizar ese análisis que requiere una metodología más compleja que un estudio nacional. Es valiente porque el poderoso destinatario de las críticas (recordémoslo) es ese cuyas "sugerencias son obligatorias".

Normalmente, los pilares nacionales del sistema de integridad descansan en un puñado de instituciones, incluyendo los clásicos tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) junto al Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación. He puesto las instituciones según el orden teórico para combatir la corrupción. La realidad diaria nos ofrece otra perspectiva, en la que el descubrimiento y la persecución de los corruptos suele coincidir en la secuencia inversa. Busque los casos más conocidos y verá que fue la prensa, la denuncia ciudadana o de diferentes ONG (¡cuando no los rivales o afines políticos!) quienes los destaparon.

La adaptación de estos pilares a la realidad de la UE planteaba algunos interrogantes al equipo de investigación de Transparencia Internacional ¿Quién es el legislativo o el pilar ejecutivo en el ámbito de la UE? El problema brota porque el legislativo es compartido por el Consejo y el Parlamento, mientras que el ejecutivo se reparte entre el Consejo y la Comisión; el sueño de una Europa unida produce monstruos institucionales pero que funcionan y se reconvierten a cada reforma de los tratados constitutivos.

Al final, las conclusiones del equipo de Transparencia se resumen en unos pocos temas que identifican las fortalezas y debilidades del sistema de integridad de la UE.

Digamos por adelantado que el extenso informe considera la normativa financiera general de la UE como una fuerte garantía que requiere a todas las instituciones superar exigentes auditorías internas y externas, aunque recuerda que en tres ocasiones el Parlamento se negó a ratificar las cuentas del Consejo. También encuentra una sólida base legal en los tratados de la UE que garantiza el derecho de acceso del ciudadano a los documentos de las instituciones comunitarias. Sin embargo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Parlamento europeo, en la práctica, no liberan toda la documentación, si bien este último es bastante transparente y permite al público rastrear en su web la "huella legislativa" de la mayor parte de sus decisiones. Se considera una fortaleza la obligación de los diputados de la UE de registrar y/o divulgar sus reuniones con los "lobbies", unos 15.000 sólo en Bruselas.

Para los evaluadores persisten algunas debilidades en el equilibrio de poderes, pues la calidad de la supervisión parlamentaria sobre la gestión financiera de las instituciones depende en gran medida de su cooperación voluntaria y de la información que se recibe.

Además, el informe evidencia algunas inconsistencias en la duración y el alcance de las obligaciones de los exmiembros y exfuncionarios de las instituciones: desde 18 meses para los excomisarios a tres años para los exconsejeros del Tribunal de Cuentas europeo. Los diputados son totalmente libres al término de su mandato. Aquí, el debate para España es interesante en un momento en que se tramita por el Congreso el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración del Estado. Entre sus objetivos está impedir que el cargo sirva de promoción personal o profesional para quien lo desempeña limitando sus actividades económicas tras el cese. Pero, ¡ojo!, ese buenismo no es gratis, y donde se practica se indemniza.

El informe es muy crítico, al censurar que "los buenos controles sobre la conducta del funcionario contrastan fuertemente con los débiles controles sobre el comportamiento de los parlamentarios o de los directivos". Pone algunos ejemplos: no se pudo encontrar evidencia de una verificación exhaustiva y sistemática de sus declaraciones de bienes, y la información sobre los gastos de los diputados al Parlamento europeo continúa sin ser pública, dos aspectos a los que también estamos habituados en España.

En los procedimientos de nombramiento de muchos puestos directivos, la toma de decisiones políticas a menudo supera las preocupaciones sobre la integridad. La independencia, por ejemplo, es un requisito necesario de los miembros de la Comisión o del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo europeo o del director general de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y, sin embargo, no hay criterios precisos y objetivos para evaluar sus candidaturas.

En relación con los canales de denuncia de irregularidades, la normativa del personal de la UE obliga desde hace una década a todos los funcionarios comunitarios a denunciar cualquier actividad o conducta ilegal que observen en el curso de su trabajo. Además, a partir de 2014, todas las instituciones deben tener sus propios procedimientos internos para proteger a los denunciantes. Sin embargo, entre las instituciones evaluadas, sólo la Comisión cumple actualmente con esta obligación, lo que para Transparencia Internacional es especialmente preocupante en algunos de los órganos de supervisión de la UE como el Tribunal de Cuentas o la OLAF, que ofrecen a todos los funcionarios comunitarios hacer sonar el silbato pero privan de ese canal a su propio personal.

Constatan los evaluadores que, en general, las instituciones de la UE están otorgando una mayor importancia a la lucha contra la corrupción, aunque la capacidad de Europol y Eurojust para cooperar y combatirla está infrautilizada. Destaca como fortaleza que la OLAF esté investigando los casos de fraude a fondos europeos y colaborando activamente en su prevención con apoyo financiero y técnico a la formación de funcionarios nacionales. Sin embargo, no existe una ley penal en la UE ni existe un fiscal competente para tratar los casos transnacionales. Ello se debe, a mi juicio, a la resistencia de los estados a transferir el poder punitivo penal a una institución supranacional que no controlan, por lo que dejan en manos de las autoridades nacionales la investigación penal sobre corrupción, produciendo inconsistencias y deficiencias en la persecución judicial, concluye el informe.

En definitiva, la Unión Europea es hija de los estados y lleva dentro los genes y la historia de sus mismos males, aunque como organización referente y emancipada de sus padres intenta no incurrir en sus mismos errores. Queda bastante camino por recorrer, pero está claro que se impone predicar con el ejemplo cuando se demanda austeridad y transparencia a los estados. Quizá sirva recordar que la sociedad rural de nuestros ancestros añadía a los pegollos del hórreo unas amplias piedras planas (la muela) para impedir que las alimañas ascendieran y saquearan el maíz que tanto trabajo costaba cosechar.

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