El ese espacio tan teatral de los accesos a la Audiencia Nacional acaba de producirse el desfile de los empresarios -no de todos y, menos aún, de las estrellas-, que ejecutaron las gloriosas obras ampliatorias de El Musel. Y según el calendario previsto por el juez del caso la próxima semana discurrirán los gestores de la Autoridad Portuaria de entonces. Nuestra duda es si se producirá un tercer desfile, el más luminoso de todos: el de los políticos.
Total, que a estas alturas se ha desvanecido aquel ferviente deseo de la consejera de infraestructuras de Principado, Belén Fernández, de que se pasara página. Algo similar y quietista deseaba el Presidente, y virtual nuevo Presidente, Javier Fernández.
Esto no quiere decir que el asunto vaya a caer, seguro, de la parte del descabello judicial, pues, al parecer, existen cuestiones de choque entre la legislación de la UE y la española respecto a las obras que requieren un modificado inmenso, como sucedió en el puerto de Gijón. Pero esa es sólo una parte de los problemas detectados por la Oficina Antifraude de Bruselas, la Olaf, ya que el asunto de la mucha piedra empleada en las obras-de su procedencia, de su coste, de su abundancia y de sus misterios-, también despertó la curiosidad de los fiscalizadores europeos o de la Fiscalía Anticorrupción.
Pero también tenemos interrogantes sobre la Abogacía del Estado, pues suponemos que da de defender a la Autoridad Portuaria de ahora de la Autoridad Portuaria de entonces, la que aprobó los sobrecostes y certificó el progreso de la magna obra. Sin embargo, esa Abogacía del Reino de España dijo en su momento que los procedimientos eran los correctos, pero ahora no nos la imaginamos enfrentada a la Fiscalía, al menos públicamente, sino sedienta de justicia.
En cuanto al desfile de políticos, no queremos adelantarnos a los sucesos, pero suponemos que, de celebrarse, quienes tendrán más papeletas son los que eran consejeros de la Autoridad Portuaria cuando se aprueban los referidos sobrecostes. Pero de esto sabe más Podemos, que forma parte de la acusación popular en la Audiencia Nacional.
