Es sabido que España es uno de los países occidentales con más parados, situación dramática para los afectados -especialmente para quienes no tienen cobertura- y costosa para todos, tanto por la afectación a los presupuestos como por el lucro cesante en la actividad económica y, por ende, en la riqueza general. Si bien es cierto que, para poner en su justo término esa cifra, para relativizarla, hay que señalar que existe una alta tasa de actividad económica y trabajo ocultos, que las cifras del Inem son notable y sistemáticamente inferiores a las de la EPA y que la tasa estructural del paro en España anduvo, aun en los mejores tiempos, por encima de diez por ciento.
Una causa importante de esa alta tasa de paro (y de relativamente baja tasa de actividad) se encuentra, sin duda, en nuestra legislación laboral y en las interpretaciones que, una vez tras otra, vienen haciendo numerables sentencias favorables al trabajador, pero disuasorias de la contratación. En ese sentido conviene recordar que, de forma casi universal, tanto las instituciones -extranjeras y españolas- como muchos economistas señalan que la legislación laboral constituye una variable importante de nuestra alta tasa de paro (y, añado, de la economía sumergida). Sobre ser ello así, hay que señalar que desde hace años y a fin de estimular la contratación sin entrar en el fondo de las rigideces de la legislación laboral se viene envileciendo la contratación laboral, sometiendo a millones de ciudadanos a contratos temporales de escasa duración, a precariedad e inseguridad, sin poder afianzarse en la empresa que los ficha ni mejorar su competencia. La imposibilidad de los individuos de hacer planes de futuro, la frustración personal y colectiva que ello entraña no hace falta subrayarla.
A medias entre la justicia social y la caridad, para intentar paliar los efectos de esa compleja situación se han inventado fórmulas de apoyo y estímulo a los parados de variado jaez, entre ellas los planes de empleo municipales y autonómicos. Desde un estricto punto de vista, son planes con escasa racionalidad económica, aunque tienen, sin duda, mucha importancia para los individuos, lo mismo en el plano económico que en el anímico o social.
Pero dada su condición jurídica y sus ejecutores, los ayuntamientos, y por causa de todo ese entramado jurídico ambiguo y contradictorio -y más voluntarioso a veces que preciso o realista- en que se mueve la contratación laboral, esos planes acaban convirtiéndose en un problema para las arcas comunes y para el conjunto de los ciudadanos, que han de pagar vía presupuestos los efectos de las sentencias judiciales sobre algunas demandas de los contratados por esa vía. Así, al Ayuntamiento de Xixón le van a costar 3 millones de euros las últimas sentencias sobre contrataciones "irregulares" a través de esos planes. En Avilés hubo que suspender durante tres años los planes por las mismas causas. Los ejemplos podrían multiplicarse en toda España.
Ahora bien, debemos entender que el fondo de la cuestión -la resolución de todos estos problemas, los del desempleo, los de la actividad económica, los de las medidas voluntariosas para aliviar en lo personal el paro- tiene una complejidad mucho mayor de lo que parece, puesto que las propuestas de alguno de los actores políticos son recetas que, si regalan una "lotería temporal a algunos de los parados", agravan la situación general. Es más, no creen que sean soluciones las que lo son en el resto del mundo y prefieren "inventar" recetas que provocan directamente al aumento del tamaño de los problemas.
En concreto, fuera de los empleos necesarios para la prestación de servicios -desde los administrativos a los de policía, bomberos, sanidad, etc.-, la Administración no genera riqueza: extrae el dinero del costo de sus servicios de las empresas y de los ciudadanos particulares. De esa forma, a mayor crecimiento, más carga sobre los particulares o más dificultades para que las empresas vivan o sobrevivan en el mercado español y global. Pero si sobre ello contrata empleos innecesarios, hinchando la plantilla, esos efectos de sustracción de riqueza y creación de dificultades innecesarias para la actividad general se acrecientan.
He aquí una muestra concreta de esa posición, la proclamada por don Aurelio Martín con respecto al Ayuntamiento de Xixón. Manifiesta el representante de IU que él prefiere que el dinero de subvenciones a los parados se utilice para contratar desde el Ayuntamiento y no para transferirlo a las empresas a fin de que estas contraten. Don Aurelio no hace más que manifestar la concepción que su grupo político y otros del mismo jaez tienen sobre la economía y el mundo. No es que sea una ocurrencia personal: dice su verdad y la de los suyos.
Es decir, es una manifestación más de la fantasía ("ideología", dicen ellos) de una parte importante de la izquierda, que descree del mundo real y pone su entusiasmo en su discurso y sus ideaciones. Y lo peor es que las víctimas de esas ideaciones son -salvo aquellos a los que les toca la pequeña lotería coyuntural de un plan o la definitiva de una plaza fija- los mismos a los que se intenta salvar.
