El Gobierno del Principado ha declarado hostilidades al País Vasco por su cupo en las cuentas públicas. Dicho rápidamente, los vascos, como los navarros, legislan y recaudan por sí mismos todos los impuestos -régimen foral- y le entregan a Madrid una cantidad, o cupo, calculado en función de los gastos generales del Estado central (Casa del Rey, Parlamento, embajadas, Defensa, etcétera), y lo que el mismo Estado gasta en el País Vasco en asuntos no transferidos (puertos de interés general, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera). Con ese marco, y dado que se trata de una región rica por excelencia, Euskadi recauda dinero suficiente aun manteniendo la presión fiscal por debajo del resto de España. Si además sucede que el cupo que paga al Estado podría estar desfasado a la baja, o no tener piedad con las regiones necesitadas -solidaridad interterritorial-, el resultado es que el Gobierno vasco dispone de más dinero por habitante para alimentar los servicios públicos (a pesar de ello, Euskadi reclama al Estado unos 500 millones de euros para aplicar la Ley de Dependencia, lo cual significa que hace lo correcto porque cierto Gobierno pasado creó la Ley y la dejó sin dotación económica, es decir, un desastre). Pues bien, en este marco de hostilidades nos cabe el honor de habitar la región que es todo lo contrario del País Vasco gracias a unos elevados impuestos -una de las mayores presiones fiscales de España-, y a un gasto público justito, o directamente insuficiente, para mantener ciertos servicios públicos (véanse la provisionalidad laboral en Educación, las listas de espera sanitaria o el manga por hombro de los servicios sociales en el anterior mandato). Además, todo indica que las cosas irán a peor por el descenso poblacional y la huida de jóvenes, asuntos que sólo provocan la indolencia de nuestros políticos. En consecuencia, no molesta que Asturias patalee, pero nos parecen los gemidos que acompañan a su paulatino deterioro.
