La protección internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario corre peligro de desmoronarse por la acción deliberada de los gobiernos que atacan, abandonan o no apoyan a las instituciones que se encargan de protegerlos. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Anual 2015/16 de Amnistía Internacional que analiza la situación de los derechos humanos en 160 países del mundo.
Avergüenza que, según este informe, España no sea ajena a esta tendencia global de recorte de libertades y derechos. Se han aprobado medidas legislativas (Ley de Seguridad Ciudadana, reforma del Código Penal) que han limitado desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
En el ámbito internacional España ha practicado una política de doble rasero. Por un lado, ha dado pasos positivos pidiendo a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que se autolimiten en el uso del veto, o demandando un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas. Pero por otro, ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional como la legalización de las expulsiones "en caliente" en la frontera de Ceuta y Melilla, y ha desoído las diferentes recomendaciones que organismos como Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre otros, han hecho a España en diferentes ámbitos como el haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular. El Estado español ha alegado que no existen mecanismos procesales que obliguen a dar cumplimiento a dichas decisiones.
Por último, los compromisos asumidos por España con la Unión Europea sobre reubicación de personas procedentes del conflicto sirio se cumplen muy lentamente. El Gobierno español se comprometió a reubicar a más de 17.000 personas de Grecia e Italia, cuando sólo han llegado 18 en 2015. También se comprometió a reasentar a 854 personas procedentes de diferentes países entre 2014 y 2015, de las cuales sólo 90 llegaron a la Península. Mientras tanto, cientos de personas esperan hacinadas en el CETI de Melilla, en muchos casos sin la debida atención médica y psicológica.
Es importante que el Gobierno tome medidas para acabar con estas vulneraciones de derechos humanos ya.
