"La cultura es lo que el pueblo quiere que sea. Y por eso el toro y su mundo es cultura, porque el pueblo así lo quiere desde hace miles de años". Con estas palabras afrontó el maestro Enrique Ponce el manifiesto al que dio lectura en el epílogo de la manifestación taurina que el pasado domingo congregó en Valencia a 40.000 personas que gritaron al unísono "libertad".
La reivindicación, tardía para muchos aficionados, supone el despertar de la tauromaquia, y, en concreto, de los profesionales taurinos que vivían en el ostracismo de sus fincas ganaderas pensando que los ataques de asociaciones animalistas se trataban de una moda pasajera. La opción de "aguantar el chaparrón" dio alas a los antitaurinos, que cerraron filas bajo una única consigna, acabar con la fiesta nacional, y tuvieron en Cataluña su primer gran triunfo como colectivo.
Cataluña marcó entonces un precedente para la politización de la tauromaquia al ser vista por muchos como una decisión para romper lazos con cualquier símbolo de tradición que oliese a España. Pero el hedor parece haber dejado sin aliento al Tribunal Constitucional, que permanece sin pronunciarse desde que en 2010 varios senadores, con Pío García Escudero al frente, presentasen un recurso de inconstitucionalidad al respecto del asunto catalán.
Tras el cese de la actividad taurina en Barcelona, único vestigio taurino que quedaba en Cataluña, peñas de toda España comenzaron una recogida de firmas para que se declarase la fiesta como patrimonio histórico cultural, el máximo reconocimiento que permite el ordenamiento jurídico de España para un bien inmaterial. La propuesta se logró llevar al Congreso tras una iniciativa legislativa popular que aunó 300.000 firmas. Se aprobó entonces, en 2013, tan sólo con los votos del Partido Popular -y Unión del Pueblo Navarro- una ley que blinda y protege la tauromaquia en todo el territorio nacional. Hoy vigente. Pero la realidad es bien distinta como hace unos meses demostró el Parlamento de Baleares siguiendo la estela catalana. La ley, en consecuencia, se convirtió en un brindis al sol agravado en 2015 tras las elecciones municipales que dieron cabida en los ayuntamientos a formaciones políticas dispuestas a cumplir con su compromiso adquirido en el programa electoral de suprimir los espectáculos taurinos. Así las cosas se frenó en seco la recuperación taurina experimentada la temporada anterior.
En mayo de 2015, poco antes de los comicios, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó los datos oficiales de la estadística de asuntos taurinos del año 2014. Un estudio importante a ojos del sector porque confirmó la tendencia ascendente de los espectáculos taurinos, que con la crisis económica se había venido abajo en los últimos años. De esta forma, en 2014 se celebraron en España 1.868 festejos, lo que supuso un incremento interanual del 0,5%. No obstante, las corridas de toros continuaron en descenso en 2014 si bien a un ritmo menor, pasó del 9% menos en 2013 al 7%. Por tanto, la subida de festejos vino provocada por el aumento de novilladas con picadores, corridas de rejones y festivales. De los 1.868 festejos taurinos celebrados en España en 2014, 398 fueron corridas de toros, 348 novilladas sin picadores, 242 novilladas con picadores, 238 festivales y 212 festejos de rejones. Más amplio fue el crecimiento del número total de inscritos en el Registro General de Profesionales Taurinos, 10.194. Una cifra que supuso un incremento interanual del 3,7%. También el número de escuelas taurinas inscritas en el registro del Ministerio, que creció un 21%.
Los brotes verdes duraron lo mismo que una media verónica de Morante de la Puebla. Y antes de que los taurinos rematasen el lance, en 2015 la supresión de los toros cayó como un torrente en numerosos municipios de la geografía nacional, con San Sebastián como único triunfo de los taurinos al no seguir en la Alcaldía el gobierno de Bildu.
Para cesar la actividad taurina se abren varias vías dependiendo de la titularidad de los cosos. Barcelona y Palma de Mallorca son de propiedad privada por lo que única solución era lanzar un órdago para su prohibición en todo el territorio, algo para lo que sólo, y a expensas del Constitucional, tienen competencia las comunidades autónomas. La plaza de Los Califas de Córdoba, por ejemplo, en la misma situación, privada, subsistirá siempre que la propiedad encuentre empresa que la gestione, siempre que la Junta de Andalucía siga los pasos de sus administraciones homólogas de Cataluña y Baleares. Un negociado que se antoja difícil.
En cuanto a las plazas de titularidad pública se presentan dos opciones. Por un lado, no sacar la plaza a concurso, como sucedió en San Sebastián y como se intentó en Gijón, con El Bibio, en el mes de septiembre, rechazando el Pleno las propuestas de Xixón Sí Puede (marca local de Podemos) e Izquierda Unida. Aquí se abre un vía alternativa como la de rescindir el contrato de forma unilateral por parte del Ayuntamiento. Una fórmula por la que optó Xulio Ferreiro, alcalde de La Coruña (de Marea Atlántica), que prefirió indemnizar al empresario a permitir los toros en la Feria de María Pita, aunque el litigio judicial permanece abierto. Por otro lado, se puede eliminar la subvención, una ayuda económica oficial. Valladolid ya no dará este año la corrida por la festividad de San Pedro Regalado, y Ciudad Real verá mermada su Feria de la Virgen del Prado. Municipios como Almagro y otras tantas localidades pequeñas no pueden dar toros sin ayuda económica de su Ayuntamiento.
No obstante, el asunto de la subvención no siempre se ajusta a la realidad y por contra lo común es que sea a la inversa, que los toros den beneficios a las ciudades. En Gijón, el presente contrato de adjudicación por tres años de El Bibio repercutirá en el ingreso de 404.430,42 euros a las arcas municipales. Los estudios económicos de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet) sostienen que los toros aportan a las arcas públicas un IVA de 45 millones de euros. Un 62% más que el cine español, estiman. De igual forma indican que la Fiesta genera 199.000 empleos, 57.000 de forma directa y 142.000 de manera indirecta. Pero ni el Ministerio de Cultura ni ninguna comunidad autónoma financian las corridas de toros. Tan sólo la Comunidad de Madrid destina 1,4 millones de euros, de los 2,3 millones de euros que obtiene por el canon de gestión de la plaza de Las Ventas, para fines de promoción taurina en pueblos y escuelas taurinas de la región.
Esos ataques, y lo que el sector taurino estima que son mentiras hirientes contra su profesión, motivaron la manifestación de Valencia aprovechando la Fallas, primer encuentro taurino importante de la temporada. Una marcha a la que se adhirieron varias peñas taurinas asturianas que vienen años demandando mayor seguridad en la Feria de Begoña ante las amenazas e insultos de los antitaurinos. "Vivimos en un país libre y todos tenemos derecho a fomentar nuestras aficiones y a proteger la fiesta taurina como patrimonio cultural que es", apunta Maritina Medio, presidenta de la Federación Taurina Asturiana, que espera "volver a El Bibio en la próxima Feria de Begoña". Lo cual no está tan claro, con la impugnación del concurso por Xixón Sí Puede...
El mundo del toro lanzó un mensaje de libertad para seguir disfrutando de su afición. Al tiempo que recordó que en España debería haber otras prioridades que atacar la cultura. "Somos españoles a los que nos horrorizan las guerras, y la explotación infantil y las desigualdades sociales. Somos mujeres y hombres que lloramos frente a las fosas comunes en las que se han convertido los mares, a los que nos duelen las apreturas de nuestro país, cuestiones todas ellas que precisan urgente y prioritaria atención. Hagan el favor pues de no utilizarnos como materia de distracción", despidió Ponce. Palabra de maestro.
