Quedan meses por delante para saber si 2017 va a significar el año en que ETA va a entregar por fin las armas. Ha transcurrido un lustro desde el "cese definitivo" del terrorismo etarra y no se conoce por parte de ninguna banda armada peor gestión del plan de desarme, si es que ha existido en algún momento, y de las posibles contrapartidas que podrían derivarse de él, entre ellas: la reinserción de los reclusos.
Ahora, el colectivo de presos ha decidido que estos, unos 350 repartidos por España y Francia, voten la asunción de la legalidad. Ello significa en primer lugar reconocer el daño causado. Sin embargo, ETA ha pedido, a la vez, a sus presos que busquen la manera de beneficiarse penitenciariamente sin tener que delatar ni arrepentirse.Naturalmente arrepentirse supone un paso más que reconocer el daño, que resulta de por sí bastante reconocible: más de ochocientos asesinatos y centenares de víctimas en 42 años de violencia. Es también una forma de pedirle a los presos, muchos de ellos distanciados de la organización que no colaboren con la justicia española para resolver crímenes que aún se encuentran sin esclarecer. Ni caigan en el arrepentimiento para no tener que admitir la derrota: como Bildu ha recordado, en un final con vencedores y vencidos. El resultado que arroje la votación sobre la propuesta del Colectivo y de sus líneas rojas permitirá saber hasta dónde puede alcanzar el acceso a los beneficios para los etarras recluidos. La decisión reiterada de no solicitarlos nunca ha sido bien entendida por el entorno familiar de los terroristas.
Todos estos años han pesado los olvidos de distinta naturaleza. Como dice Fernando Aramburu, autor de "Patria", al criminal el olvido le viene de perlas para tapar su delito y construir sobre la ignorancia general un biografía sin culpa; a la víctima, para aliviar momentáneamente el dolor; al resto, para evitar el zumbido molesto de la Historia.
