Los bienes se dividen en muebles e inmuebles. Y no hace falta ser docto en derecho romano para entender que son inmuebles aquéllos que no se pueden mover, etimológicamente. Eso lo sabe cualquiera, desde un "pater familias" a un simple beneficiario de "peculium". De manera que atendiendo a la etimología, un hórreo o una panera no pueden considerarse inmuebles sino muebles, ya que se pueden mover, desmontar, trasladar. Si los alcaldes que pretenden cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de estas construcciones tradicionales hubieran estudiado la lengua de Cicerón no acometerían semejante osadía, que atenta contra el origen del idioma y sobre todo contra la integridad del bolsillo del sufrido contribuyente. Cosa bien distinta es que algunos alcaldes sepan latín, y se agarren al pegollu para incrementar la recaudación.
Para mayor desgracia impositiva, el Catastro peina la región en busca de inmuebles que no pagan el IBI, y se ha fijado, entre otros, en el municipio de Gijón. Así que átense los machos, gijoneses, que no sólo no van a obtener beneficio de la medida adoptada por el Principado para reducir la presión fiscal en la transmisión de viviendas en 17 concejos, entre los que el suyo no se cuenta, aunque sí los de Oviedo y Avilés; sino que además pueden recibir la visita de un inspector de colmillo retorcido o van a fotografiar sus propiedades con un dron desde el aire para comprobar si su declaración inmobiliaria coincide con la del Fisco. Digamos que el IBI no parece un impuesto justo, ni tampoco progresivo ni progresista. ¿O acaso es de justicia que el lujo y la necesidad coticen de igual modo?
