El sector público es la frontera ideológica de nuestro tiempo. A un lado, quienes lo quieren más musculado, recaudador y redistribuidor. Al otro, aquellos que lo perciben como un extractor de rentas que entorpece más de lo que ayuda al progreso social. Los sindicatos dicen situarse en el primero de esos grupos junto a los partidos de izquierdas, aunque lo que dicen y lo que hacen en defensa de lo público no siempre coinciden, y una muestra puede ser lo ocurrido con los planes de empleo en Asturias.
Los programas de formación e inserción laboral que durante años han permitido la incorporación temporal de parados a los ayuntamientos, frecuentemente con preferencia para los jóvenes y los desempleados de larga duración, han sido vivamente defendidos por las organizaciones sindicales en las negociaciones con las autoridades políticas y en otros foros. Y a esos mismos planes les ha salido el enemigo en el frente de los sindicatos o cuando menos no han encontrado en ellos los auténticos aliados que necesitaban.
La cadena de pleitos emprendidos y ganados por beneficiarios de los planes de empleo, con el asesoramiento de las organizaciones sindicales (singularmente proactivo en los casos de los minoritarios CSI y Usipa, pero en ocasiones también con implicación de UGT y CC OO), han conducido a una mayoría de ayuntamientos (entre ellos, todos los grandes, salvo Oviedo) a descolgarse juiciosamente de los planes de empleo ante el riesgo de más demandas y de mayores costes para los ciudadanos por la fragilidad jurídica de los procedimientos de contratación, que ha permitido a los trabajadores obtener sentencias por despido improcedente para cobrar indemnizaciones y otras para conseguir aumentos salariales.
No se deben obviar las posibles responsabilidades de los modelos de contratos, que caen en el ámbito del Gobierno central; tampoco las deficiencias en el diseño de las convocatorias que hace el Principado o la tendencia de algunos ayuntamientos a cubrir las lagunas de su propia plantilla (la falta de ella o la imposibilidad de reorganizar y adaptar sus recursos a las necesidades por las rigideces de la función pública). Pero en todo caso el empleo público no se defiende dinamitándolo en los juzgados sin medir las consecuencias.
Lo público se defiende, por ejemplo, consiguiendo una Administración eficaz, algo que compete en primer lugar a los políticos, pero también a los trabajadores y a sus representantes. Empieza por una exquisita meritocracia en el acceso y por evaluar después el trabajo y premiar la laboriosidad y el talento, aunque no con esos incentivos que se convierten en complementos universales. La eficacia no casa mal también con la radical oposición a la movilidad de funciones, que, como ocurrió en el Principado, puede dejar casi mano sobre mano a algunos mientras la cola del salario social, y por tanto la de las familias en peor situación, crece por el atasco administrativo.
El empleo público ha padecido en esta crisis (ajustes salariales, ampliación de horarios, escasez de incorporaciones...), pero todo palidece hasta la lividez si se compara con lo ocurrido en el sector privado, con las decenas de miles de asturianos condenados al paro de larga duración. Y ahora a no tener la oportunidad de salir de allí por unos meses a través de un plan de empleo.
