La OCDE, nada sospechosa de practicar el populismo neochavista, alerta sobre la creciente desigualdad en España y nos saca los colores con datos como estos: el 10% de la población más pobre recibe el 5% de las transferencias sociales, mientras que el 10% más rico obtiene el 20%. Sabíamos que el paradigma neoliberal había calado hondo en el sistema tributario, estableciendo como dogma que en tiempos de globalización y migraciones libérrimas del dinero conviene reinterpretar y suavizar eso que dice la Constitución acerca de que el modelo impositivo debe basarse en criterios de capacidad de pago y progresividad: que pague más quien tenga más.
Los gobiernos de Occidente (incluidos los socialdemócratas) se han inclinado así hacia la imposición indirecta (subir el IVA antes que el IRPF), a dar un trato preferente a las rentas del capital (frente a las del trabajo) o a avanzar hacia la extinción de los tributos sobre la riqueza (sucesiones o patrimonio), a menudo a través del descrédito social de esas figuras, permitiendo que muchos de los más acaudalados las esquiven y estimulando por ello la indignación de las clases medias. A la par, se abrió paso la tesis hacendística según la cual para redistribuir la riqueza es mucho menos efectivo actuar sobre los ingresos (cobrando más a quien más tiene) que hacerlo con el gasto (orientándolo mejor hacia los colectivos con mayores necesidades).
Así que ya sabíamos que casi todos, pero muy especialmente los más ricos, pagan menos impuestos que, por ejemplo, en los años 60 del pasado siglo, cuando en Europa los tipos marginales del IRPF superaban el 70%. Ahora nos escandalizamos con el 48% de algunas regiones, y ciertas formas de populismo tributario ("El mejor lugar para el dinero es el bolsillo de los ciudadanos", rezan los argumentarios del PP) nos empujan a escandalizarnos también por la presión fiscal en España, aunque equivalga escasamente al 35% del PIB y esté siete puntos por debajo de la media europea.
Ahora sabemos por la OCDE que el modelo fiscal español también tiene problemas claros de equidad por el lado del gasto. A vuela pluma cabe conjeturar que el hecho de que el 10% más rico reciba el 20% de las transferencias sociales puede estar ligado a las pensiones (las de jubilación de las personas con rentas o patrimonios altos son más elevadas porque lo fueron también los salarios estando en activo, a menudo como directivos de empresa). Quizá ese dato recoja igualmente los efectos de ciertos repartos indiscriminados de ayudas que hay o ha habido a cargo del erario público: ventajas fiscales para vivienda que no tienen en cuenta el nivel de renta, ayudas por nacimiento de hijos que tampoco miran si los padres son altos ejecutivos o parados y copagos sanitarios que son iguales para quienes ganan 18.000 al año y quienes ingresan 100.000.
Lo que nos dice la OCDE hace muy recomendable auditar el destino del gasto social para corregir el rumbo si es necesario. La misma organización nos da una pista: la renta de los hogares jóvenes se hundió el 22% desde 2011. Un socialdemócrata de los de antes de la Tercera Vía diría que también conviene revisar el mantra neoliberal de los impuestos.
