En su 39.º Congreso Federal, celebrado en junio de este año, el PSOE acordó que es necesaria "una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español" y el partido se comprometió a "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado". Por lo que ha trascendido, tal pretensión ha suscitado no poca polémica interna, alarma incluso, pero lo cierto es que en el Congreso Federal fue aprobada por amplia mayoría.
Lo que llama la atención desde fuera, al menos me la llama a mí, es la poca concreción que se ha dado a esa propuesta. En otras palabras, y para empezar, ¿de qué habla el PSOE cuando habla de Estado plurinacional?
Comencemos por lo que sí se ha dicho de forma nítida: es necesaria una reforma constitucional. No ofrece dudas que la introducción de la plurinacionalidad exigiría la modificación del artículo 2 de la Norma Fundamental: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Tal reforma, como es bien sabido, implicaría una gran complejidad, pues para modificar cualquier precepto del Título Preliminar hace falta (artículo 168 CE) "la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y la disolución inmediata de las Cortes", que las Cámaras nuevamente elegidas ratifiquen la decisión y procedan "al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras". Finalmente, "aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación".
Primera y obvia conclusión que seguro los promotores de la propuesta de Estado plurinacional no ignoran: el PSOE carece por sí solo de fuerza parlamentaria para que se introduzca esa declaración en la Constitución y tampoco parece que, al menos a corto plazo, tenga aliados suficientes en ambas Cámaras. Ello no es óbice para que una formación política proclame su legítima aspiración a que se cambie en ese concreto sentido la Constitución de acuerdo con el procedimiento que la misma prevé, a lo que debe añadirse que nuestra Norma Fundamental, a diferencia, por ejemplo, de la alemana, no excluye del cambio ninguna parte, incluida la organización territorial del Estado.
Admitida la posibilidad "constitucional" de una reforma del artículo 2, ¿podría consistir en reconocer la "plurinacionalidad del Estado español"? La respuesta jurídica es evidente: por supuesto; podría incluso, en términos teóricos, garantizar el derecho a la autodeterminación de una Comunidad Autónoma o como quiera que se llamase a cada una de las partes del Estado español. Avanzando un paso más: ¿sería conveniente el reconocimiento de la plurinacionalidad en términos de mayor integración política de los diferentes territorios? Siguiendo en términos teóricos, sí. Como ha explicado con rigor el profesor Solozábal Echavarría ("España: nación de naciones", El Cronista del Estado social y democrático de Derecho, n.º 68, 2017), "la conceptualización de España como nación de naciones es una realidad desde Gracián, que comparaba la homogeneidad francesa tan fácil de gobernar, y España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, la inclinaciones opuestas y los climas encontrados, y donde, decía, por tanto se necesitaba gran capacidad para unir".
Hasta aquí nada que objetar, por tanto, a la incorporación de la plurinacionalidad al articulado de la Constitución.
No obstante, la pregunta clave en términos político-institucionales es la siguiente: ¿sería suficiente, en el momento actual y, previsiblemente, en los próximos años, reconocer la pluralidad nacional de España para apaciguar las pretensiones independentistas en Cataluña? La respuesta me parece tan obvia como la dada a las preguntas anteriores: no. La proclamación de la plurinacionalidad y, por supuesto, mayores dosis de autogobierno y de recursos financieros para ejercerlo podrían haber servido como elemento de integración de los menos proclives diez o quince años atrás. Hoy parece obvio que una parte importante del nacionalismo catalán es claramente independentista y no encontraría mayor consuelo en que se reconociese explícitamente en la Constitución algo que les resulta obvio y, desde luego, insuficiente: el carácter nacional de Cataluña. Me parece que, en el mejor de los casos, la única reforma de la Constitución española que estaría dispuesto a aceptar el independentismo catalán sería la que garantizase el derecho a la autodeterminación y, además, lo hiciera de una manera que resultase "factible" en términos procedimentales, lo que significaría, creo, que la decisión final tendría que dejarse en manos del "pueblo catalán" y no del "pueblo español".
Si todo parecido entre reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y el carácter plurinacional de España es pura coincidencia, es dudoso que lo acordado en el 39.º Congreso Federal del PSOE justifique el optimismo de quienes lo promovieron o el alarmismo de los que lo rechazaron. La pregunta para concluir no sería entonces ¿de qué se habla cuando se habla de Estado plurinacional? sino ¿para qué se habla cuando se habla de Estado plurinacional?
