Una multitud -un millón de personas, según los organizadores- clamó ayer en Barcelona por la unidad de España. Decenas de miles de españoles salieron a las calles de Madrid y de otras ciudades para pedir una solución en Cataluña. Bancos y empresas prosiguen en su huida para blindarse de las consecuencias que acarrearía la declaración de independencia. Pero todo ello no significa que Puigdemont vaya a dar marcha atrás, seguirá posiblemente con su trágica huida hacia adelante. El seny (la cordura o la sensatez) que ayer invocaban los manifestantes en sus pancartas está lejos de imponerse a la rauxa (rabia). Son dos rasgos contrapuestos del carácter, y el último hace ya tiempo que ha sobrepasado al primero.
Pero tampoco es sensata ni mucho menos justa la mediación que piden algunos para resolver el problema y evitar la declaración de independencia, que colocaría en el mismo plano a los sediciosos que al Estado y permitiría que estos obtuviesen ventajas o contraprestaciones a cambio de haber puesto al país en la situación más difícil de los últimos tiempos, arriesgando el prestigio de las instituciones y exponiendo la convivencia a un grave peligro. ¿Qué el problema es político? Lo sabemos. ¿Qué hay que solucionarlo políticamente? Sin duda. Pero no estableciendo en estos momentos un diálogo con los golpistas para que tengan la bondad de renunciar a declarar una independencia ilegal después de haber fracturado a toda una sociedad. También existía un problema político de involución democrática en el 23-F y a nadie se le ocurrió plantear una mesa de negociación con el coronel Tejero. El de entonces era un golpe promovido por militares, el de ahora por políticos, pero técnicamente estamos hablando de lo mismo. Básicamente se conoce por golpe de Estado a toda violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional.
