Cataluña vuelve al orden constitucional, pero no recupera la normalidad. En la calle continúa la movilización de los independentistas, con menos efectivos pero más tensión, y los componentes del gobierno cesado que se mueven por Bruselas con una libertad restringida tratan de ampliar su radio de acción a través de la prensa y las redes sociales. Mientras, la inseguridad en que viven los catalanes se manifiesta en el persistente goteo de empresas desplazadas y en el descenso del consumo. Las elecciones autonómicas convocadas por el gobierno de Rajoy tampoco se podrán celebrar de acuerdo con las previsiones de costumbre. Ni el ambiente político es el idóneo, ni la competición electoral misma se presenta de igual manera.
Conviene no perder de vista que en las elecciones los ciudadanos condensan las decisiones políticas más importantes que pueden adoptar, por eso el acto de votar es considerado el momento crucial de la vida democrática, y que en Cataluña en particular las anteriores elecciones ya fueron manipuladas, al ser planteadas por Artur Mas como un plebiscito. Algo que vuelve a hacer Puigdemont, para más inri proclamando que en las elecciones de diciembre está en juego la democracia antes que el ansiado estado catalán. Asignar a unas elecciones el significado y las consecuencias de un referéndum, precisamente para sortear la imposibilidad de que este se celebre, supone la corrupción completa de una institución que es básica en toda democracia. Este malabarismo retórico con la democracia es típico del cinismo político con que actúan algunos populistas.
Por un lado, el proceso electoral se ha iniciado en circunstancias anómalas. Las elecciones han sido anticipadas por un gobierno al que en principio no correspondía hacerlo, en aplicación del artículo 155, una iniciativa sin precedentes en España. A la convocatoria han seguido actuaciones judiciales que han llevado a varios miembros del gobierno catalán cesado a la cárcel, provocando reacciones encontradas en la sociedad española. La situación es, desde luego, excepcional y el clima preelectoral está definitivamente enrarecido. Esto augura frecuentes fricciones durante la campaña y no sería extraño que hubiera algún intento de poner en cuestión la validez del resultado. Es lo que suele ocurrir cuando unas elecciones son interferidas por fuertes turbulencias políticas, que afectan de muy distinta manera a los diversos actores, como es el caso.
Porque, por otro lado, en el frente puramente competitivo, partidos y electores de uno y otro signo comparecen con actitudes dispares. En el campo independentista reina el desconcierto. Tras el fracaso del procés, los partidos nacionalistas aparecen desunidos y sus votantes acusan cierto cansancio y desorientación. La rivalidad entre los convergentes y los republicanos izquierdistas, un factor determinante en el origen de esta crisis, rota la coalición que los mantuvo en el poder de la Generalitat la pasada legislatura, vuelve a marcar el ritmo de los acontecimientos. Las encuestas anuncian que esta es la oportunidad de ERC para convertirse en el primer partido de Cataluña. Pero la propuesta de lista única encabezada por el presidente cesado provoca un dilema en muchos votantes partidarios de la separación, que aún no saben si las candidaturas, de producirse el enfrentamiento, incluirán en su programa el objetivo de la independencia, en qué condiciones harán la campaña, y si, en caso de conseguir suficientes escaños, cualquiera de los dos candidatos, Junqueras o Puigdemont, pendientes ambos de decisiones judiciales, podrá ejercer como jefe del gobierno autonómico.
En el campo unionista, por el contrario, los partidos presentan una oferta electoral con escasas novedades, pero con todas las expectativas puestas en el comportamiento del electorado. Así como la opción independentista está sumida en un mar de dudas y no acierta a dar pasos firmes, los partidarios de proteger la unidad de España se muestran seguros y confiados. Un motivo para sentirse así han sido las manifestaciones multitudinarias que han protagonizado por vez primera en el centro de Barcelona. Pero hay razones más de fondo. Los catalanes que quieren seguir siendo españoles han roto la espiral del silencio en la que habían caído bajo la hegemonía del nacionalismo. Los simpatizantes de Ciudadanos, PSC y PP esta vez acudirán a votar, quizá en mayor proporción que en 2015, y se alinearán con estos partidos, como hacen en las elecciones generales. Es muy probable que la movilización de los no nacionalistas y la creciente polarización de la sociedad catalana en torno al independentismo dejen sin efecto dos fenómenos que han actuado de forma recurrente a favor de los nacionalistas, la abstención diferencial de un segmento de los electores no nacionalistas en las elecciones autonómicas y el llamado voto dual de otro sector que votaba mayoritariamente al PSC en las generales y a CiU en las autonómicas.
Las elecciones de diciembre son las de resultado más incierto de las celebradas en Cataluña hasta la fecha. Ninguna de las anteriores, excepto las de 2015, y solo en parte, sirve de referencia. El campo nacionalista está en apuros y el viento sopla con fuerza a favor de los partidos estatales. Podremos comprobar si los avatares de la crisis institucional que vivimos se traducen en un cambio significativo en las pautas del comportamiento electoral. De momento demos por hecho que ERC pasará a ejercer la primacía en las filas del nacionalismo y que muchos no nacionalistas que hasta ahora habían optado por quedarse al margen o repartir salomónicamente su voto, irrumpirán en la arena electoral con sus verdaderas señas de identidad, es posible que para introducir el equilibrio que faltaba en la política catalana.
