En el 39.º aniversario de la Carta Magna pesa demasiado la ausencia de consenso constitucional entre los partidos políticos. No ya sólo el que concierne a una estrategia común en defensa de la unidad de España, sino también en las principales cuestiones de interés general que afectan al reparto económico de sus regiones. Como se evidencia en el menosprecio por el acuerdo de los presidentes de las autonomías del Noroeste, tras la cumbre de Oviedo.
La sintonía de los barones -dos del PP y uno del PSOE- en defensa de una financiación autonómica justa y de otros asuntos del interés de los ciudadanos parece resbalarles a las organizaciones políticas que ellos mismos representan, y mucho más todavía a las que no. El tacticismo sectario vuelve a anteponerse a la resolución de los problemas de todos. Cualquiera con dos dedos de frente no dudaría en respaldar un entendimiento común porque de ello depende el futuro de esta región, el de Galicia o el de Castilla y León, frente a los cupos, los privilegios forales o las condonaciones de la deuda a otras autonomías.
Las miserias partidistas se convierten en el abismo que separa la política de los ciudadanos. No ha habido hasta ahora mucho interés en erradicarlas porque el desapego tampoco se traduce en una abstención suficientemente elevada en las urnas que liquide la credibilidad de las organizaciones. La división continúa, y los que aterrizaron proclamando el fin de los privilegios de la casta son los que menos se ocupan de atender las verdaderas cuestiones que afectan a la gente. De hecho, Podemos se apresuró a votar a favor del cupo vasco junto al PP y al PSOE por razones estratégicas, en contra del interés social de la mayoría de los españoles. Así es la vida.
