Parece que las diligencias judiciales del llamado "caso Musel" en la Audiencia Nacional están llegando a su fin, que la magistrada instructora se encuentra próxima a la decisión de ordenar la apertura de juicio oral o de optar por el archivo de la causa. Hemos conocido esta semana los pronunciamientos de las defensas de dos de los principales investigados, el presidente y el director de la Autoridad Portuaria cuando se llevó a cabo la tan polémica como monumental obra de ampliación del puerto. Con argumentos distintos, ambos piden el sobreseimiento. El abogado de Díaz Rato dispara, sin embargo, con munición de postas contra personalidades relevantes del sistema portuario de la época a las que no alcanzó la imputación, que han saltado raudas a defenderse de esas acusaciones.
Sea cual sea la decisión de la jueza Lamela, la misma que ordenó el ingreso en prisión del expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanqueo de capitales y por sedición a los dos "Jordis" del enrevesado asunto catalán, sólo hay que pedir que tras varios años de instrucción, de informes y declaraciones que suman miles de folios, el asunto judicial repercuta lo mínimo en el prestigio y la fiabilidad de El Musel. No se merece el puerto permanecer en entredicho en un momento en que ha conseguido enderezar el rumbo y la Autoridad Portuaria trabaja en mejorar su competitividad y en servir con mayor eficacia a los intereses de las empresas asturianas y de su entorno, a las que presta servicio como puerta de entrada y salida de sus productos.
