El inédito divorcio entre el sindicato minero SOMA y la UGT tiene consecuencias impredecibles que superan el terremoto que ya supondrá la mera fractura interna. Este drama se desarrolla en tres actos: el primero, la ruptura sentimental para gran parte de la militancia; el segundo, la grave situación que supone un disputa intestina en un año en el que el sector minero (y sus empleados) se juega su futuro, y el tercero, las implicaciones políticas que ha causado la sacudida sísimica en la Federación Socialista Asturiana (FSA). No obstante, la dirección federal del PSOE intenta mantenerse al margen de la polémica: "El PSOE no es actor ni principal ni secundario en este proceso", aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes próximas a Pedro Sánchez.
Primer acto: dolor de corazón. ¿Qué supone para un afiliado del SOMA, todopoderoso sindicato minero y guardián de las esencias obreras del socialismo en Asturias, desligarse de la UGT, sindicato "hermano" del PSOE? La fractura que conlleva la decisión de los actuales dirigentes del SOMA, justificada por el desacuerdo de integración con la UGT, abre una dicotomía emocional entre los militantes del sindicato y que tiene también profundas implicaciones políticas. ¿Qué identidad tendrá el nuevo SOMA? ¿Abrirá una confrontación -por el mero hecho de representar algo distinto- con la UGT? ¿Encerrará todo esto una batalla sobre la "pureza socialista" que acabe por acrecentar la brecha sindical y política entre afiliados?
Segundo acto: el peor momento. Sin duda, este es el peor momento para dirimir cuitas internas, cuando el ejercicio de 2018 deberá concluir sin excusas y por decisión de la Unión Europea con el cierre de la mayor parte del sector minero y hullero de Asturias. La UE tan solo admite a partir de este año la supervivencia de aquellas minas que puedan dejar de ser deficitarias y, además, comenzar a devolver las pasadas ayudas comunitarias. Ninguna de esas opciones parece producirse en la hullera pública Hunosa, que tiene ante sí un difícil futuro. Revertir esta stiuación en Hunosa solo será posible con una interlocución firme ante el Gobierno central y Bruselas. Y no cabe duda alguna de que esa voz, de llevarla alguien, la llevará el sindicato UGT, que es quien ha protagonizado las conversaciones con el Ministerio sobre cuestiones energéticas como el futuro de las térmicas. Cabe recordar en esta cuestión, clave para Asturias, que el SOMA y UGT han mantenido posiciones con claras discrepancias. El cierre de la minería no es cuestión baladí. Nadie, en estos momentos, garantiza la ausencia despidos en el sector. Pero mientras que los interlocutores sindicales en su mayoría tienen resuelto su futuro personal, la plantilla de Hunosa afronta esta situación en medio de una profunda incertidumbre. ¿Van a defenderse los intereses de los trabajadores por dos sindicatos enfangados en una batalla jurídica por cuestiones tan viscerales como el patrimonio? Más que mirar las esencias del pasado, sería recomendable pensar en el futuro del sector minero, sostienen algunos dirigentes socialistas molestos con la ruptura catalizada por el SOMA.
Tercer acto: los efectos políticos. A nadie se le escapa que un conflicto de tal magnitud tendrá consecuencias políticas severas en la Federación Socialista Asturiana. El SOMA, que se alineó desde el principio con Pedro Sánchez y que contribuyó a aupar a Adrián Barbón como secretario general del PSOE asturiano, tiene en la actualidad un papel protagonista en la ejecutiva socialista regional. Ese protagonismo supondrá un agravio a ojos de la UGT: sectores de la militancia ya lanzan el mensaje de que el PSOE asturiano está otorgando un papel primordial a un sindicato ajeno. En ese marco, cabe pensar que la dirección federal de Pedro Sánchez no dudará a la hora de elegir como principal interlocutor a la UGT.
Como muestra de que a la dirección federal no le interesa verse involucrada en esta batalla, fuentes próximas a Pedro Sánchez señalaron ayer que el PSOE "no es actor principal ni secundario" en un proceso que tensa aún más el escenario para los socialistas asturianos, que deben elegir nuevo candidato electoral en un marco electoral hostil.
