El Gobierno de España presentó esta semana el Presupuesto más amable y social desde que Rajoy relevó a Zapatero. No son ni mucho menos las mejores cuentas posibles, entre otras razones porque, aunque la economía repunta, el país aún arrastra una pesada deuda a la que tiene que hacer frente. El aumento previsto de la recaudación, derivado de una tasa de crecimiento del 2,7 por ciento, se reparte entre las clases más modestas, si bien priman los intereses electoralistas y los guiños a los partidos cuyo apoyo resulta imprescindible para un PP en minoría. A falta de conocer los detalles y el trato que una comunidad tan cumplidora como Asturias recibe en los capítulos inversores, no parece, no obstante, un borrador que ampare argumentos poderosos para ser rechazado.
La economía española crecerá este año un 2,7 por ciento, cuatro décimas por encima de la anterior estimación, se crearán 475.000 empleos y la recaudación rebasará los 210.000 millones de euros. Tras ocho años de penurias y estrecheces, los ciudadanos bien merecen una alegría, aunque ésta deba administrarse con altas dosis de prudencia y moderación. El país tiene que reducir el déficit público del 3,07 por ciento del PIB en 2017 al 2,2 por ciento. Aun cumpliendo, la factura pendiente rondaría los 25.000 millones, la mitad procedente de la Seguridad Social, es decir, de las pensiones.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó esta semana el proyecto de cuentas para 2018 como "los Presupuestos de los pensionistas, de los funcionarios y de los trabajadores con rentas medias y bajas". Dos millones de empleados públicos y 6,7 de pensionistas serán beneficiarios directos, si es que el PP logra apoyos suficientes. Con un apretado calendario electoral a la vuelta de la esquina (autonómicas, municipales y europeas en 2019 y generales en 2020), el Gobierno pretende recuperar la confianza de los empleados públicos, castigados durante la recesión con sucesivos ajustes, y dar respuesta a uno de los colectivos que más se han movilizado últimamente en las calles, el de los jubilados.
En síntesis, el borrador de los Presupuestos Generales del Estado prevé 1.000 millones para subir hasta un 3 por ciento las pensiones a dos tercios de los jubilados españoles, unos 160.000 en Asturias, con especial atención a los que menos perciben. Destina 2.000 millones a rebajas fiscales para 3,5 millones de contribuyentes según el Gobierno, no tantos según los técnicos de Hacienda. Hay 600 millones para elevar un 1,7 por ciento el sueldo a los funcionarios e iniciar la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con agentes autonómicos. Para las regiones se consignan 4.020 millones más y para las corporaciones locales otros 224, que el PP vincula a la aprobación del Presupuesto, entre quejas de comunidades como la asturiana.
La inversión en infraestructuras, cuya cuantía y detalle se darán a conocer este martes, crece un 16,5 por ciento centrada fundamentalmente en el ferrocarril, si bien tan siquiera recupera el nivel de 2016, ya de por sí muy bajo. Además, el IVA del cine baja del 21 al 10 por ciento y el permiso de paternidad se amplía de cuatro a cinco semanas. Hay, por último, 46 millones más para la dependencia y un 8,3 por ciento de incremento para I+D+i.
El Gobierno trata de repartir el aumento previsto en los ingresos entre las clases con rentas más bajas. Busca que la recuperación llegue, aunque sea en pequeña cuantía, a buen número de ciudadanos. Son unas cuentas para hacer amigos (y votantes), pero llegan tarde. De salir adelante, permanecerán vigentes apenas medio año, lo que sin duda les restará eficacia para estimular la actividad económica.
No hay garantías de que el PP consiga reunir el respaldo necesario para que el Presupuesto, del que Ciudadanos se declara coautor, prospere. Pese a las concesiones, el PNV mantiene su rechazo a negociar mientras en Cataluña siga vigente el artículo 155. Los nacionalistas vascos se refugian en el laberinto catalán aun a riesgo de no poder subir el sueldo a sus 70.000 funcionarios ya que el Gobierno español sopesa presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de Presupuestos. Lamentablemente pesa más el tacticismo partidista que el interés general.
Las cuentas podían ser más ortodoxas, ser la expresión de inaplazables reformas de calado, pero no pecan de irrealidad. La subida de las pensiones no resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema, que sólo un acuerdo global de las principales fuerzas políticas podrá encauzar. Las rebajas fiscales tendrán un impacto más bien pequeño entre la población. A muchos el aumento del gasto le resultará cosmético, en otras palabras, le sabrá a poco. Pero en líneas generales, a falta de conocer lo que el borrador presupuestario del PP destina a Asturias, no parecen apreciarse razones de peso para tumbar los números más sociales de los últimos ocho años. Máxime cuando el PP amenaza con buscar responsables de que funcionarios y pensionistas puedan quedarse sin subida. O el cine, sin bajada del IVA.
