Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, introduce en Google la siguiente pregunta: ¿Cómo cuadro los presupuestos tras haber aceptado, bajo presión del PNV y de la calle, subir las pensiones de forma que no pierdan poder adquisitivo, habiendo dicho unas semanas antes que no era viable, que no había dinero para hacerlo? El buscador responde: "Cree un nuevo impuesto sobre las grandes corporaciones tecnológicas".
Es una escena inventada para recoger la sensación de improvisación que transmite la propuesta del Gobierno de financiar parte del aumento de coste de las pensiones (4.500 millones extra en dos años que se consolidarán en los siguientes) creando por su cuenta y de manera anticipada la conocida como "tasa Google", un impuesto sobre los servicios digitales que estudia implantar la Unión Europea para contener el desgaste en los ingresos de los estados miembros debido a las maquinaciones de elusión tributaria de los Google, Amazon, Apple, Facebook y otros.
¿Es viable que España cree este mismo año ese impuesto y que recaude con él los 600 millones de los que ha hablado Montoro? Existen muchas dudas sobre los plazos, pero no hay impedimento legal para que el Gobierno vaya por libre respecto al resto de Europa estableciendo un tributo nacional provisionalmente mientras en la UE se despeja la discusión sobre el recargo comunitario. Y técnicamente es factible para la Agencia Tributaria disponer de datos territorializados sobre la facturación de las compañías, información clave para recaudar un gravamen (3%) que la Comisión Europea plantea sobre las ventas, no sobre las ganancias, y centrado en ciertos negocios que se basan en el uso de los datos de los usuarios (la publicidad de Google o de Facebook) o de plataformas de internet para intercambiar bienes y servicios (caso de Uber).
Este episodio en el que Montoro aparece como una especie de Robin Hood frente a los monopolios del imperio tecnológico merece, no obstante, alguna reflexión crítica. En primer lugar, vale para este caso lo mismo que el PP dijo sobre la "ocurrencia" del PSOE de crear nuevos tributos sobre la banca y las transacciones financieras para reforzar la financiación de las pensiones: la "tasa Google" no da para mucho ante los agujeros y desafíos de un sistema que requiere respuestas políticas de más hondura, perdurables y que transmitan tranquilidad a los ciudadanos ( y también a los acreedores de España).
La segunda cuestión se refiere a lo que tienen entre manos los líderes europeos para el futuro de la fiscalidad. Como explicó en este diario el eurodiputado socialista Jonás Fernández, la "tasa Google" forma parte de una negociación de mayor calado en la que está metida Europa: la armonización de las bases imponibles del impuesto de sociedades y de los criterios de consolidación de los resultados empresariales para propiciar que se pague por los rendimientos de la actividad económica allí donde se producen, un criterio de justicia y soberanía tributaria erosionado por la expansión de la economía digital. Y por la actitud de países como Irlanda o Luxemburgo, cómplices de las prácticas elusivas de las multinacionales, a las que atraen con privilegios opacos y tipos impositivos en ocasiones irrisorios (Apple tributó al 0,05% algunos años en Irlanda, según la Comisión Europea). Socios europeos fiscalmente desleales.
