La decisión de un tribunal belga de rechazar la entrega a España de tres exconsejeros catalanes huidos de la justicia por supuestos defectos de forma en la tramitación de la euroorden ha cogido por sorpresa al juez del Tribunal Supremo que la dictó, al Gobierno de Rajoy y a buena parte de la opinión pública. Fundamentalmente, porque es el segundo varapalo que recibe el Estado tras la negativa del tribunal alemán de Schleswig-Holstein a entregar al fugado Puigdemont con el argumento de que la figura de delito conocida en el Código Penal español como "rebelión" no se corresponde exactamente con la que en la legislación alemana denominan "alta traición", dado que falta el necesario concurso de la violencia. Concepto -razonaba el tribunal- que para existir requiere que el que la ejerce, o amenace con ejercerla, someta al organismo constitucional a una presión capaz de doblegar su voluntad. "Un supuesto -decía un servidor en un artículo- que en el caso español no se daba ya que el gobierno del Estado español, echando mano del artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno catalán, limitó las funciones del Parlament, cambió el mando de los Mossos e intervino la Administración autonómica poniéndola a las órdenes de varios de sus ministros. La desproporción de fuerzas entre las autoridades enfrentadas salta a la vista y más después de que varios dirigentes independentistas se dieran a la fuga y otros ingresaran en prisión por orden del juez instructor del Supremo".
Luego de expuesto todo eso, especulaba un servidor sobre si el señor Rajoy no se habría equivocado convocando inmediatamente elecciones en Cataluña en vez de esperar a que las aguas se aquietasen. Sobre si no estaría cometiendo el error de dejar en manos de los jueces cometidos que debieran estar en las de los políticos. Y sobre el exceso de atención que le prestó, y viene prestando, a las andanzas del señor Puigdemont en su autoexilio voluntario.
Hay dos expresiones en el idioma español que resumen muy bien la necesaria prudencia del gobernante. Una es "a enemigo que huye, puente de plata", cuya autoría se atribuye a Gonzalo Fernández de Córdoba, aquel militar español que pasó a la Historia bajo el apelativo de "Gran Capitán". Y otra, que supongo de autor anónimo, aconseja "No matar moscas a cañonazos". Dado que en la Unión Europea no hay una homologación penal fiable lo más práctico hubiera sido circunscribir el procedimiento solo a España y dejar vagando por ahí al señor Puigdemont y resto de compañeros mártires. Por supuesto, eso incluiría la inmediata puesta en libertad provisional de los encausados a domicilio. Esos que unos llaman presos políticos y otros políticos presos. Nunca hay que convertir en héroes a quienes no lo merecen. En cuanto a la actuación del juez Llarena, asombra que un magistrado del Supremo se haya metido en tantos charcos procesales.
