Los socialistas, al menos muchos de ellos e incluso algunos que no lo son, entienden que el origen del último proceso soberanista catalán se encuentra en la corrección que el Tribunal Constitucional hizo del Estatut en 2010. Pero, en realidad, no es del todo así. Eso fue, en último caso, la continuación del despropósito de José Luis Rodríguez Zapatero de haber animado a la Generalitat a plantear el estatuto que le apeteciera con el compromiso de aprobarlo, cuando a nadie en Cataluña se le había ocurrido tal cosa. Ni al mismísimo Maragall.
El relato no se puede alterar. No señor. Primero vino la invitación expresa de un reglamento a la carta, y después, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, el jarro de agua fría que contribuyó, en parte, sólo en una parte, a justificar la hiperventilación independentista catalana que sufrimos. El pecado original, por tanto, está en Zapatero que para ello fue el más insigne representante del adanismo en la reciente historia de este país. Si ZP no hubiese animado a los catalanes a aprobar un nuevo Estatut, el Tribunal Constitucional no habría tenido que suspenderlo.
Ahora, se dice que Pedro Sánchez pretende ofrecerle a Torra la posibilidad de legalizar parte del Estatut que anuló el Constitucional, a ver si de esa forma hay manera de alcanzar un acuerdo sobre la cuestión catalana. Obviamente no existe un consenso para reformar la Constitución, que a Batet le parece urgente y, además, viable. Naturalmente no es el PSOE, un partido con 84 diputados, y un apoyo Frankenstein, el que tiene que aventurarse en una misión de audaces de estas características. No es realista. De manera que la propuesta consiste en legalizar parte del Estatut anulado constitucionalmente. Estamos de nuevo ante una cuadratura del círculo con la que el gobierno amable de Pedro Sánchez quiere frenar el ímpetu insaciable de secesión de, todo lo más, la mitad de los catalanes.
