Baleares pondrá en marcha un organismo público para exigir la utilización del catalán. El funcionario que no lo haga será denunciado, así lo ha decidido el gobierno nacional-socialista de esa comunidad autonómica. ¿Quieren que lo escriba de otra manera para no herir susceptibilidades? Pues bien: el gobierno social-nacionalista liderado por Francina Armengol. Para cooficializar una lengua hace falta una mayoría cualificada, para llevar a cabo una inmersión lingüistica enterrando a una de las dos que figuran como oficiales sólo son necesarias unas cuantas normas dictadas por un grupo de políticos liberticidas de orientación nazi.
Todo esto lo sabe perfectamente María José García, una ovetense afincada en Mallorca, presidenta de una plataforma creada para luchar contra el decreto del catalán en la sanidad. Se comienza con la educación, se sigue con la sanidad y se acaba abriendo una oficina para denunciar a los que no se expresen en la lengua impuesta por los supremacistas de turno. Creer que eso no va a suceder en Asturias con la cooficialidad del bable unificado, por mucho que quienes lo promueven lo planteen como algo inocuo, es ser como poco un ingenuo. Sería la excepción de las excepciones. María José García, que sufre la imposición balear, no se lo cree. Yo, tampoco.
Los chiringuitos locales montados en torno a una lengua son el germen del nacionalismo. No verlo así es de una candidez que aterra. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones; nada de lo que se esconde detrás de este tipo de cosas se nos revela de primeras, pero no tarda. Para ello sólo hacen falta unos cuantos tarados creyéndose nación por hablar algo distinto. Llueve sobre mojado.
